CIUDAD DE MEXICO, 24 de marzo.- La detención de Genaro García Luna en Estados Unidos enfrenta al Gobierno de México a un reto mayúsculo: acabar con su influencia en el aparato de seguridad. García Luna ha trabajado en todas las dependencias del ramo desde su primer encargo, en 1990, en la agencia de inteligencia del estado, el CISEN. Luego pasó por la Procuraduría General de la República, actual fiscalía y más tarde por la Secretaría de Seguridad Pública, que dirigió durante el mandato de Felipe Calderón, de 2006 a 2012. Fueron en total 22 años de relación con policías, fiscales, investigadores y agentes de inteligencia, 22 años de tejer relaciones y complicidades. Ahora, el Gobierno quiere borrar hasta su última huella.
García Luna vive preso en Estados Unidos desde diciembre y a la espera de su próxima vista judicial, agendada previamente a la crisis del coronavirus para el 2 de marzo. La justicia lo acusa de tráfico de cocaína y de recibir sobornos del Cartel de Sinaloa. Después de su detención, el Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al gabinete para sacar a sus antiguos colaboradores de la estructura del estado, sobre todo del entorno de la Secretaría de Seguridad Pública. Hace unos días, el titular de la dependencia, Alfonso Durazo, informó de la salida de dos elementos, ambos altos funcionarios de administración de prisiones.
Consultado al respecto, un vocero de la secretaría de Seguridad decía: “El órgano interno de control de la secretaría está ponderando y se están haciendo las investigaciones correspondientes. Por el momento, han sido los funcionarios de las cárceles. Al menos uno había estado en otra área con García Luna. Ya tenía muchos años. Esta semana se darán a conocer más avances”. El vocero no daba nombres, pero varios medios han publicado esta semana que se trataba del actual administrador de los penales federales y su segundo.
La duda ahora es cuántos faltan y qué consecuencias tiene su presencia en la fiscalía o la policía. No es ningún secreto que hay una investigación en marcha por este asunto, pero las dependencias implicadas prefieren mantener un perfil bajo, no dar demasiados detalles. Desde la Fiscalía General de la República, un portavoz contestó tajantemente esta semana: “La gente cercana que trabajó con García Luna en la entonces AFI en 2001 ya no está en la institución”.
El portavoz se refería a la Agencia Federal de Investigaciones, heredera de la corruptísima Policía Judicial Federal. García Luna fue su coordinador general de 2001 a 2007, durante el sexenio de Vicente Fox, primer presidente de un partido distinto al PRI en más de 70 años. El portavoz no dio más detalles.
Antes de la AFI, el zar antidrogas de Calderón pasó casi diez años en el CISEN, la agencia de inteligencia gubernamental, hijastra de la temida Dirección Federal de Seguridad, la policía política del priismo. Cuando López Obrador llegó al poder en diciembre de 2018, el CISEN se convirtió en el Centro Nacional de Inteligencia, CNI. EL PAÍS intentó hablar con un alto funcionario del CNI esta semana para saber qué pasos ha dado la institución en este sentido pero no obtuvo respuesta.
Para la periodista y escritora Anabel Hernández, lo más preocupante ahora es la fiscalía. “La mayor parte de los que quedan ahí dentro, que trabajaron en círculos cercanos a García Luna, están ahora allí”, asegura. “Eso es muy sensible y peligroso, porque tienen control para seguir manipulando investigaciones contra gente de su propio grupo”.
Hernández ha indagado durante años las relaciones entre grupos criminales ligados al narcotráfico y el aparato de seguridad del estado. Hace unos meses publicó El Traidor, un diario comentado de Vicente Zambada Niebla, uno de los testigos clave en el proceso contra El Chapo Guzmán en Estados Unidos. Zambada Niebla es además hijo de Ismael Zambada, alias El Mayo, supuesta cabeza pensante del cartel de Sinaloa y socio de Guzmán.
En este y en su anterior trabajo, Los Señores del Narco, publicado en 2011, García Luna y su grupo aparecen siempre como facilitadores de las actividades del Cartel de Sinaloa, cuando no protagonistas. De hecho, Hernández llegó a denunciar que García Luna y sus secuaces la tenían en el punto de mira. Que querían matarla.
Los procesos en EE. UU. contra Guzmán, su colaborador, Dámaso López, alias El Licenciado y el propio García Luna han sido de alguna manera la confirmación de buena parte de lo que ha denunciado en sus libros. Durante el juicio contra Joaquín Guzmán, Zambada y su tío, Jesús El Rey Zambada, confirmaron la cercanía del estado con el cartel de Sinaloa, sospechada desde hacía mucho tiempo. Jesús Zambada dijo incluso que la organización le pagó al propio García Luna hasta ocho millones de dólares para que les dejara trabajar.
En una parte del diario de Zambada transcrita en El Traidor, el criminal escribe: “El 99 % de la PGR [actual fiscalía] es corrupta y nosotros le damos todo el dinero”. Por eso, dice Hernández, la dependencia más sensible es la fiscalía donde, asegura, siguen trabajando funcionarios muy cercanos al viejo jefe de policía. “La única manera de sacarlos es saneando estas áreas donde trabajó, identificando persona por persona si se han podido beneficiar de la red de García Luna. Hay que extirpar el virus. Porque si su red se mantiene en México, él tiene la posibilidad de seguir acumulando dinero”.
(EL PAIS)