Olga Sánchez se reunió con Alejandro Encinas y Arturo Herrera para abordar el recorte del 75 % que se anunció al presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
CIUDAD DE MEXICO, 2 de junio (NTX / SinEmbargo).- La Secretaría de Gobernación (Segob) se comprometió a que habrá presupuesto para la atención a las víctimas del país, así como a la defensa y garantía de los derechos humanos.
La titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, se reunieron la víspera con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, y abordaron el recorte presupuestal indicado.
En la reunión, los funcionarios reiteraron el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador con los derechos humanos, los cuales son una de las prioridades de este sexenio, expuso la Segob en un comunicado.
“Por lo tanto, se reitera que no se dejará de prestar apoyo integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos; tampoco se desistirá de defender, promover y garantizar los derechos humanos desde las distintas áreas de la Secretaría de Gobernación”, puntualiza el boletín.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) advirtió hoy que el Decreto para reducir 75 por ciento el presupuesto del gasto corriente de todas las dependencias federales, frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento, pues tal porcentaje equivale a 139.4 millones de pesos.
“En comparación con cualquier otra dependencia u órgano del Gobierno Federal, la CEAV resentirá un impacto mayúsculo en su funcionamiento. La CEAV no es propietaria de ningún inmueble en los que opera, la mayoría de los servicios son subcontratados, gran parte del personal fue contratado, desde el origen de la institución, de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing”, señaló la dependencia.
Agregó que la CEAV también enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios, lo cual pone en aprietos aún más su presupuesto y deja en vilo la atención a víctimas.
Actualmente la CEAV tiene 34 mil 215 personas registradas en el Registro Nacional de Víctimas, mismas que podrían dejar de acceder a servicios de psicología, asesoría jurídica, trabajo social, entre otros, si se concreta el recorte a la Comisión Ejecutiva.
Las medidas de austeridad, implementadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tendrán un impacto “mayúsculo” en el funcionamiento de la dependencia, en comparación con otros órganos de la administración pública, alertó la CEAV.
“Desaparecerá el área que administra el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) y atiende un promedio de 500 solicitudes mensuales”, con lo que se perderá el alojamiento y resguardo de los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, “así como todos los servidores, computadoras e impresoras”, alertó la institución.
El área de traslado de víctimas desaparecerá y con ello no se podrán llevar a 9 mil 862 víctimas a las audiencias ante el MP, juzgados, la CNDH o diligencias de búsqueda, correspondientes. Además las personas que requieren de la CEAV no tendrán el apoyo de asesores jurídicos, peritos y acompañantes psicosociales.
Los asesores jurídicos serán 30 por ciento menos a los actuales, con lo que mil 874 víctimas no recibirán acompañamiento. Las 7 mil 200 víctimas que la CEAV atiende en los 32 Centros de Atención Integral que hay en todo el país, “no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica”.
“No se podrá tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de 5 mil víctimas al mes”, expresó la dependencia.
Además no habrán abogados suficientes para emitir resoluciones y analizar jurídicamente las indemnizaciones por daños y terminará por impactar a las víctimas que no podrán acceder a la compensación.
Las reparaciones colectivas dictadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE), los juzgados, tribunales y organismos de derechos humanos no se podrán implementar. El avance en las resoluciones y compensaciones atrasadas, desde 2017, del CIE se detendrán.
A su vez, las organizaciones de mujeres han denunciado que la Segob no ha garantizado recursos públicos para atender la violencia de género, pese a que el 6 de mayo pasado enviaron una carta abierta dirigida a Sánchez Cordero y al presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la misiva explicaron que “ante este panorama de considerable aumento de las violencias contra las mujeres durante las medidas de aislamiento social, es vital que las instituciones que les atienden se vean reforzadas para poder hacer frente al incremento de casos a los que se enfrentan”.
Asimismo, han denunciado que las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana corren el riesgo de cerrar ante la reducción del presupuesto. En ese sentido, Sánchez Cordero aseguró en una reunión el 22 de mayo que buscaría recursos para estos refugios en la Secretaría de Hacienda y organismos internacionales.