Su origen procede del hartazgo de los trabajadores mexicanos que eran explotados y sometidos a condiciones laborales deplorables por las empresas petroleras, en su mayoría estadunidenses y europeas.
Por lo que, en 1935, se conformó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), con el apoyo del gobierno de Lázaro Cárdenas, para exigir mejoras en las condiciones y prestaciones laborales.
Una vez agrupados, los trabajadores presentaron sus quejas y exigencias a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, donde se comprobó que los empresarios contaban con la solvencia económica suficiente para cumplir con lo que el sindicato solicitaba, por lo que se les ordenó atender las demandas.
Por otra parte los dueños de las empresas rechazaron las indicaciones y recurrieron a la Suprema Corte de la Nación, que también se mostró a favor de los trabajadores.
Sin embargo, el diálogo estuvo a punto de romperse, por lo que el presidente Cárdenas promulgó la Ley de Expropiación, que permitía al gobierno mexicano tomar cualquier propiedad de interés público y fijar un plazo máximo de 10 años para compensar a los propietarios.
Fue hasta el 18 de marzo de 1938 , el expresidente Lázaro Cárdenas hizo oficial el decreto, que consistía en el desposeimiento legal de los edificios, instalaciones e instrumentos de las compañías petroleras.