Luis Echeverría Álvarez, expresidente de México, falleció impune la noche del viernes 8 de julio a la edad de 100 años en su residencia de Cuernavaca, Morelos.
Echeverría Álvarez gobernó México desde 1970 a 1976, en un sexenio marcado por la crisis económica y la persecución de movimientos sociales en el país, así como la presencia de un único partido, el PRI, al que se unió en 1946. Antes, en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, fungió como secretario de Gobernación.
El político mexicano fue identificado como actor clave en las matanzas del 2 de octubre de 1968 de Tlatelolco y del 10 de junio de 1971, conocida como El Halconazo.
Durante la Presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, cuando el Gobierno aplastó militarmente al movimiento estudiantil concentrado en la plaza de Tlatelolco el fatídico 2 de octubre de 1968, Echeverría fungía como secretario de Gobernación.
Díaz Ordaz asumió la “responsabilidad política” de la masacre allanando el camino para que Echeverría asumiera el liderazgo del entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) y lo sucediera al frente de la Presidencia de México entre 1970 y 1976.
Durante su presidencia, Echeverría fue conocido por su rol en la llamada guerra sucia, cuando su gobierno apoyaba la Revolución de Cuba, a Salvador Allende en Chile y al sandinismo en Nicaragua, pero puertas adentro perseguía a movimientos de izquierda y estudiantiles.
Y la historia se repitió bajo su mandato, con el conocido como El Halconazo, o la matanza del Jueves de Corpus, uno de los sucesos más oscuros del gobierno de Echeverría, ocurrió el 10 de junio y que sucedió durante la marcha más importante desde los sucesos del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Durante esta protesta, los policías que resguardaban a los manifestantes desaparecieron, posteriormente un grupo paramilitar conocido como Los Halcones agredió violentamente a los estudiantes en un nuevo suceso de represión. Las víctimas mortales del acontecimiento se cifran entre los 12 hasta los 40 fallecidos.
Sin justicia
En 2002, se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), para investigar violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante el movimiento estudiantil de 1968 y la llamada guerra sucia en la década de 1970.
Encabezada por el fiscal Ignacio Carrillo Prieto, el máximo logro de la Femospp, que dependió de la extinta PGR, fue la orden de aprehensión contra Echeverría Álvarez, ya que por primera ocasión en la historia de México se dictaba un mandamiento de detención contra un expresidente de la República.
Sin embargo, el expresidente no pisó ningún penal porque se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria en su casa ubicada en Magnolia 131, colonia San Jerónimo Lídice, en la Ciudad de México, donde permaneció durante nueve días custodiado por agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), creada por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Cabe destacar que el exmandatario priista fue el único de los 13 exfuncionarios acusados de la matanza del 2 de octubre de 1968, al que se le giró orden de aprehensión.
El magistrado afirmó que cuando Echeverría se desempeñó como secretario de Gobernación, en el sexenio del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, perpetró una conducta que trajo como consecuencia los hechos del 2 de octubre de 1968, pues por medio de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) se constituyó un grupo armado, denominado Batallón Olimpia, en forma conjunta con otras instituciones del gobierno de México.
“Ordenó que los miembros de ese batallón se presentaran en el mitin del 2 de octubre de 1968, y en forma coordinada con otras fuerzas armadas, iniciaran el fuego cruzado, entre ellos y los elementos del Ejército, y con otros contingentes, con la intención de aprovecharlo para disparar contra los estudiantes y la multitud congregada, perpetrando delitos contra la vida de un número considerable de personas, y con el propósito de destruir totalmente al grupo nacional identificado como ‘Movimiento Estudiantil’ del 68”, determinó el juzgador.
El mismo mes de julio de 2006, Echeverría Álvarez fue notificado del mandamiento judicial y agentes del Ministerio Público Federal, adscritos a la Femossp, se presentaron en su domicilio.
Nueve días de después, el expresidente priista recuperó su libertad, luego de que un juez dictó auto de libertad a su favor porque el delito que se le imputaba por los hechos del 2 de octubre de 1968 prescribió.
La decisión fue calificada por Juan Velázquez, abogado de Luis Echeverría Álvarez, como un fracaso de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), desaparecida años después.
En el año del 2009, un Echeverría ya octogenario y retirado de la política fue exonerado del delito de genocidio por la matanza del 68 tras un largo pleito judicial de cuatro años iniciado por la Fiscalía mexicana.
Sin embargo, supervivientes de la represión contra el movimiento estudiantil han seguido reclamando hasta la fecha que se reactiven los procedimientos judiciales contra el expresidente Echeverría y contra los generales de alto mando que participaron en las matanzas.
Guerra Sucia
Los analistas coinciden en que Echeverría fue uno de los artífices del sistema autoritario instaurado por el PRI, formación que gobernó el país hasta el año 2000 y que impulsó la llamada Guerra Sucia contra la disidencia política.
Durante la presidencia de Echeverría, varios grupos guerrilleros de tinte comunista cometieron secuestros contra empresarios e incluso raptaron al propio suegro del exmandatario.
El entonces presidente respondió a estos grupos con mano dura, desatando un combate que dejó a decenas de muertos y cientos de desaparecidos, entre guerrilleros y líderes sociales.
Llegó a prohibir los festivales de rock y la venta de discos de este género musical por su carácter contestatario, acusando a las bandas roqueras de traidores a la patria.
Los delirios de grandeza de Echeverría llegaron a tal punto que incluso llegó a amenazar con cerrar Coca-Cola en México si la empresa no revelaba la fórmula de su refresco, según aseguró el exdirectivo de la firma y también expresidente mexicano Vicente Fox.
Al término de su periodo, el 1 de septiembre de 1976, durante su último informe de gobierno anunció la devaluación de peso, hundido por los malos manejos de su gestión, un clavo más en el ataúd de su impopular gestión, que quedó impune.
Por su parte, su esposa Esther Zuno se caracterizó por promocionar las expresiones culturales autóctonas mexicanas y se hacía llamar “compañera”, al estilo de las comunistas cubanas.
Echeverría fue sucedido al frente de la Presidencia de México en 1976 por su secretario de Hacienda y amigo de juventud, José López Portillo, quien recibió un país endeudado y azotado por la crisis del petróleo.
En un último coletazo de megalomanía, Echeverría trató de asumir la Secretaría General de Naciones Unidas, pero fracasó en su intento. Fue nombrado embajador de México ante la UNESCO en París hasta 1979.
Imputado
Para el Comité del 68, el expresidente Luis Echeverría Álvarez, no murió impune, sino que murió en calidad de imputado por genocidio, del que no fue exonerado como se hizo creer.
En un mensaje colocado en una red social, el Comité del 68 Pro Libertades Democráticas, integrado por exdirigentes estudiantiles, aseguró que el exmandatario priista quedó en libertad bajo reservas de ley y esperando que la entonces Procuraduría General de la República, ahora FGR, reabriera el caso.
“No murió impune, murió en calidad de imputado por el delito de genocidio, del cual tampoco fue exonerado como se ha hecho creer, quedó libre bajo reservas y esperando que la PGR ahora FGR reabra el caso. En unos minutos publicaremos nuestro comunicado”.
Vida pública
Echeverría Álvarez era uno de los tres expresidentes que recibían una pensión vitalicia, junto con Vicente Fox Quezada y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, quien la donaba a una fundación que apoyaba a niños con cáncer. Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo renunciaron a ella.
Tras concluir su mandato en 1976, pasó más de una década para que se estableciera la entrega de pensiones, pues fue en la gestión de Miguel de la Madrid, en 1987 cuando se estipuló el beneficio a los expresidentes.
Desde la implementación de la pensión vitalicia hasta su retiro pasaron 31 años, mismo tiempo en que Luis Echeverría recibió un estimado de 83 millones de pesos.
La pensión vitalicia fue establecida en un acuerdo suscrito el 31 de marzo de 1987, la cual llegaba a los 205 mil 122 pesos por mes. Este número se traduce en más de 2 millones 460 mil pesos al año.
Sin embargo, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al llegar al poder cumplió una de sus promesas de campaña: quitar la pensión vitalicia a los exmandatarios de la República Mexicana. En septiembre de 2018, cuando el Congreso aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servicios Públicos, dicha ayuda económica fue eliminada al estipular el retiro la pensión a los expresidentes.
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JG