El pasado lunes 13 de noviembre se dio a conocer que el Magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena Saucedo, había sido encontrado muerto en su domicilio, junto con su pareja, Dorian Herrera.
Trascendió que fue la personas que les ayudaba en las labores de la casa, fue quien al llegar encontró ambos cuerpos y dio parte a las autoridades.
Las reacciones no se hicieron esperar y los colectivos LBTTIQ+ de diversas ciudades del país organizaron protestas para pedir que se haga justicia, pues consideran que se trató de un crimen de odio contra Baena Saucedo.
La Fiscalía de Aguascalientes inició la investigación de estos hechos y una día después, su titular Jesús Figuero Ortega, dio a conocer una versión sobre lo que los análisis periciales y la ciencia forense, consideran que sucedió.
Noticia destacada
¡Terrorífico! Así fue como la pareja del Magistrade Jesús Ociel Baena lo mató a navajazos: HISTORIA
De acuerdo con la Fiscalía estatal, al Magistrade Ociel Baena, lo mató su pareja, Dorian Herrera con una navaja de afeitar, pues la necropsia reveló que tenía 20 cortes en el cuerpo, 19 de ellos superficiales y uno mortal.
La familia de le Magistrade desestimó esta versión e incluso ha señalado que buscará desmentir a la Fiscalía, pues tienen elementos para señalar que esos no fueron los hechos que derivaron en la muerte de ambas personas.
Filtración de imágenes de le Magistrade
Pocas horas después de darse a conocer este crimen, también comenzaron a aparecer en redes fotografías de lo ocurrido.
Se trata principalmente de 3 imágenes, en una de ellas se observa parte de una habitación ensangrentada y en la otra se ve la mano de quien podría ser le Magistrade igualmente ensangrentado e inerte, mientras que una tercera imagen y tal vez la más desafortunada donde se ven claramente ambos cuerpos.
Por estas imágenes que se filtraron a las redes, la Fiscalía General de Aguascalientes ya inició una carpeta de investigación.
Porque el artículo 183 del Código Penal de Aguascalientes establece sanciones de hasta tres años de cárcel para quien difunda o permita la difusión de cuerpos sin vida, sin la autorización de las familias de víctimas o de las autoridades.
Igualmente se debe recordar que el artículo 225 del Código Penal Federal, también conocido como Ley Ingrid, tipifica delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos por la filtración de imágenes de víctimas de violencia.
Síguenos en Google News y recibe la mejor información.
IO