La Asamblea General de la ONU aprobó el 31 de octubre de 2003 la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005.
Para crear conciencia contra esta lacra y difundir el valioso papel de la Convención a la hora de luchar contra ella y prevenirla, la Asamblea también designó en aquella ocasión que el 9 de diciembre fuera el Día Internacional contra la Corrupción.
El objetivo es visibilizar la problemática y comprometer a los Estados a promover acciones para prevenir y combatir dicho fenómeno.
A 20 años de la adopción de la Convención, este día busca enfatizar el “vínculo crucial que existe entre (combatir la corrupción), la paz, la seguridad y el desarrollo”.
Y ante la proximidad de esta fecha, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) genera datos sobre la percepción y experiencias de soborno que experimenta la población en general, las personas privadas de la libertad y las empresas en México.
Además ofrece estadísticas sobre los mecanismos de control interno y anticorrupción que tienen las administraciones públicas de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).
Percepción de corrupción entre los mexicanos
El Inegi señala en su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) que durante 2023, 22 por ciento de las personas adultas mencionó que la corrupción es uno de los tres problemas que más le preocupan, aunque los hombres lo perciben con mayor frecuencia que las mujeres.
La percepción de la gente sobre la corrupción no es homogénea, varía de acuerdo con las autoridades e instituciones públicas que se trate.
La ENCIG permite indagar con detalle esta percepción focalizada.
En su última edición, que refiere a la percepción durante 2021, la policía y los partidos políticos fueron las instituciones que se percibieron más corruptas a nivel nacional: 88.8 y 85.4 por ciento de las personas consideró que estas autoridades practican actos de corrupción de manera frecuente o muy frecuente, respectivamente.
Dato que contrasta con la percepción que se tiene de los organismos autónomos o de las escuelas públicas de nivel básico.
Medir la percepción de corrupción es importante porque afecta, entre otras cosas, los niveles de confianza que la sociedad tiene en las instituciones públicas.
Pero igual de relevante es conocer las experiencias directas de corrupción que reporta la ciudadanía.
Con los datos de la propia ENCIG, se sabe que 14.7 por ciento de la población de 18 años y más, que tuvo contacto con alguna autoridad en 2021, fue víctima de corrupción, cifra menor a la observada en 2019 cuando se registró una prevalencia de 15.7 por ciento.
Corrupción entre personas privadas de la libertad
Una tarea importante en el análisis de la corrupción, es la revisión de las vulnerabilidades a ser víctima de actos de corrupción durante el proceso penal.
Al respecto, se encontró que 36.2 por ciento de las 220 mil 477 personas adultas que estaban privadas de la libertad en 2021 fue víctima de corrupción en algún momento de su proceso, desde la detención hasta el ingreso al centro penitenciario.
La frecuencia de actos de corrupción fue ligeramente mayor en hombres que en mujeres. Al analizar las etapas del proceso, se encontró que los hombres tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de actos de corrupción en los centros penitenciarios.
En cambio, las mujeres tuvieron mayor riesgo de ser víctimas de corrupción al momento de su detención.
Un dato importante es que las personas privadas de la libertad enfrentaron menos actos de corrupción en juzgados y tribunales
En Ciudad de México y el estado de México, seis de cada 10 personas privadas de la libertad fueron víctimas de corrupción en algún momento de su proceso penal. Se trató de los niveles más altos del país.
En contraste, Aguascalientes, Sinaloa y Campeche tuvieron las menores prevalencias de corrupción a lo largo del proceso penal, con 15.8, 15.4 y 14.4 por ciento de la población penitenciaria, respectivamente
En cuanto a los actos de corrupción al interior de los centros penitenciarios, en 2021, 15.3 por ciento de las personas privadas de la libertad mencionaron que pagó a las y los custodios para obtener algún servicio, mientras que 6.3 por ciento pagó a otras personas internas para obtener algún beneficio.
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