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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la reforma eléctrica promovida por el Presidente de la República

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha emitido una decisión histórica al declarar inconstitucional la reforma eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta reforma, introducida en 2021, pretendía priorizar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una empresa estatal, sobre los generadores de electricidad privados.

El fallo, emitido por la Segunda Sala de la SCJN con tres votos a favor, establece un precedente significativo para los miles de amparos interpuestos por empresas privadas en contra de esta reforma.

Las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), ahora consideradas inconstitucionales, habían sido diseñadas para despachar preferentemente la energía generada por la CFE, relegando a un segundo plano la energía renovable y eliminando las subastas que buscaban precios competitivos en el mercado.

El ministro Alberto Pérez Dayán, autor del proyecto, argumentó que los siete artículos principales de la reforma violaban el marco legal establecido para la generación y el mercado eléctrico mayorista desde 2013, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. 

El proyecto resaltaba que estas modificaciones impedían el desarrollo de un mercado competitivo, desincentivando la incorporación de nuevos actores y violando el principio de neutralidad del mercado.

Aunque el amparo fue presentado inicialmente por solo seis empresas privadas, su resolución fue determinante para evitar distorsiones en el mercado eléctrico y beneficiar únicamente a las empresas que interpusieron el recurso. 

La decisión de la SCJN no solo aborda este caso específico sino también sentencias previas de la Primera Sala y fallos de jueces federales desde 2021, que ya habían resuelto a favor de los generadores privados y contra la reforma.

El voto decisivo en la Segunda Sala lo otorgó el ministro Pérez Dayán, presidente de la Sala, ya que el ministro Javier Laynez, quien tuvo vínculos con la administración de Peña Nieto, se abstuvo de votar. 

Los votos de las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, ambas afines al gobierno actual, fueron en contra de la inconstitucionalidad, mientras que Pérez Dayán y el ministro Luis María Aguilar votaron a favor.

Esta resolución marca un hito importante en la jurisprudencia mexicana, reafirmando la independencia del Poder Judicial y la importancia del equilibrio y la neutralidad en el mercado energético del país.

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