En respuesta al violento motín que sacudió al Centro Estatal de Reinserción Social No. 1, conocido como "La Pila", en San Luis Potosí, las autoridades estatales tomaron medidas decisivas anunciando la destitución de Roberto Hernández Rangel, quien hasta ahora dirigía la institución.
Este anuncio fue realizado por la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí (SSPC), que también nombró a Arturo Cruz Andrade como encargado interino, con la misión específica de mantener la continuidad en la ejecución de los programas penitenciarios vigentes, mientras se procede a la elección de un nuevo director.
El motín, que se desató en las primeras horas del jueves, dejó un saldo de tres muertos —dos policías y un interno—, así como varios heridos, entre ellos tres agentes de seguridad y tres reclusos.
El secretario de Seguridad de San Luis Potosí, Guzmar Ángel González, confirmó estas cifras durante una rueda de prensa, asegurando que, tras los eventos, se había logrado restablecer el orden completo dentro del centro penitenciario.
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La causa del amotinamiento, según información de la SSPC, radica en la resistencia de los internos frente a un operativo conjunto entre el Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil del estado, destinado a reubicar a 51 prisioneros a diferentes instalaciones.
Este procedimiento fue rechazado por los reclusos, especialmente al tratar de impedir el traslado de Pedro “N”, un interno implicado en extorsiones a otros presos, fomento de violencia y posesión indebida de objetos prohibidos dentro de la cárcel.
Este evento no solo provocó un enfrentamiento directo con las fuerzas de seguridad, resultando en la lamentable pérdida de dos agentes de la Guardia Civil Estatal —identificados como Andrés González Sánchez y Francisco Hernández Saavedra—, sino que también marcó un punto de inflexión para las autoridades penitenciarias, quienes se ven ahora obligadas a reevaluar y fortalecer las medidas de seguridad y gestión dentro del sistema penitenciario de San Luis Potosí.
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