En el estado de Guerrero, miembros sindicalizados de la Fiscalía General del Estado (FGE) han alzado la voz para demandar al gobierno estatal la destitución inmediata de los oficiales militares que ocupan cargos de alta jerarquía dentro de la institución.
Esta petición surge tras la destitución de la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón de la FGE por motivos graves, situación que ha encendido las alarmas entre el personal civil.
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La movilización fue liderada por la sección VII del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), bajo la dirección de su secretaria general, Ana Jazmín Acosta González, quien encabezó la protesta este miércoles 20 de marzo.
Acosta González denunció que, a pesar de la remoción de Valdovinos Salmerón, persiste en la Fiscalía una presencia significativa de al menos 15 funcionarios de origen militar, quienes, según ella, imponen un régimen castrense que infringe los derechos laborales del personal civil.
Este reclamo se intensificó después de un incidente la semana pasada, donde estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa incendiaron vehículos y atacaron al personal de la Fiscalía, lo que llevó a un llamado urgente para destituir a la entonces fiscal general.
Este pedido fue atendido finalmente por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien comunicó la decisión al Congreso de Guerrero.
La dirigencia sindical había advertido que tomaría medidas de protesta ante cualquier represalia contra sus miembros, situación que se materializó con cambios de adscripción considerados injustificados.
A pesar de la salida de Valdovinos Salmerón y la renuncia del vicefiscal de investigación, el sindicato señala que la influencia militar sigue siendo prominente dentro de la FGE, manifestándose a través de actos de hostigamiento hacia los empleados.
Acosta González remarcó la transformación negativa en el ambiente laboral tras la incorporación de personal militar a la Fiscalía, expresando que antes de su llegada, los trabajadores disfrutaban de un clima de tranquilidad y defensa de sus derechos, situación que ha cambiado drásticamente con represalias y reasignaciones injustificadas.
La presencia de militares no se limita a los altos cargos administrativos, sino que también abarca importantes puestos dentro de las agencias del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC), incluyendo a la Policía Ministerial y los Servicios Periciales.
La sección VII del SUSPEG subraya la necesidad urgente de reevaluar y remover a estos oficiales militares para restablecer un entorno laboral justo y respetuoso para todos los trabajadores de la Fiscalía.
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