En una carta dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Gabinete de Seguridad Nacional ha manifestado su profunda preocupación respecto a la propuesta de eliminar la prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, esta medida podría resultar en la liberación de aproximadamente 68 mil individuos actualmente bajo custodia por sospechas de delitos graves, incluyendo homicidio y secuestro.
Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional este martes, Alcalde delineó un panorama sombrío para la seguridad pública si se concreta la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.
A partir de las cifras presentadas, 11 mil 640 acusados de homicidio y 7 mil 150 de secuestro, entre otros, podrían ser puestos en libertad.
La problemática se extiende a múltiples delitos de alta gravedad como violación, narcotráfico y feminicidio.
Desafíos legales y procesales
La secretaria destacó que la acumulación de casos y la lentitud procesal en el sistema judicial han contribuido a que numerosos acusados permanezcan en prisión preventiva por periodos extendidos, especialmente en estados como el Estado de México, donde se registran 21 mil personas bajo esta medida.
Advertencia sobre la Seguridad Nacional
Alcalde advirtió que la propuesta no solo amenaza la seguridad de la población civil, sino también la de los propios operadores de justicia.
En un escenario donde jueces federales ya han comenzado a adaptar sus prácticas en anticipación a un posible cambio legal, la secretaria instó a la SCJN a considerar las severas implicaciones que esta medida tendría para la seguridad nacional.
Llamado al Poder Judicial
Con un firme llamado a los ministros de la SCJN, Alcalde les solicitó respetar la Constitución y la división de poderes, evitando excederse en sus facultades.
La eliminación de la prisión preventiva oficiosa, subrayó, podría traer consecuencias irreparables para el tejido social y la estabilidad del país.
Esta controversia surge en un momento crítico para México, donde la seguridad pública se ha convertido en un tema central de debate político y social.
La decisión de la SCJN sobre este tema será, sin duda, un momento definitorio para el futuro del sistema judicial y la ley en México.
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