México está estableciendo un firme precedente contra las intervenciones médicas que buscan modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas.
Según el reciente proyecto de decreto, cualquier profesional de la salud que participe en tratamientos o prácticas destinadas a alterar estos aspectos de una persona enfrentará severas sanciones legales y la suspensión de su licencia profesional.
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El proyecto de ley establece claramente que los profesionales de la salud, incluyendo técnicos y auxiliares involucrados en disciplinas médicas, que realicen, impartan o financien terapias, tratamientos o cirugías con el propósito de obstruir o eliminar la orientación sexual o identidad de género de una persona, serán penalizados.
Las sanciones incluyen no solo medidas penales de acuerdo con el Código Penal Federal sino también la suspensión del ejercicio profesional por un período de uno a tres años.
Proceso de investigación y denuncia
Una característica notable de este decreto es que la simple presentación de una denuncia será suficiente para iniciar una investigación sobre los actos que constituyen este delito.
Esta medida busca facilitar el proceso para que las víctimas denuncien estas prácticas prohibidas, asegurando que los casos sean investigados prontamente y se apliquen las sanciones correspondientes.
Este proyecto de ley es un claro indicativo del compromiso de México con la protección de los derechos de la comunidad LGBTQ+.
Al penalizar las prácticas consideradas antiéticas y dañinas, como las terapias de conversión, el gobierno mexicano envía un mensaje potente sobre la importancia de respetar la diversidad sexual y de género.
Con la implementación de este decreto, México se posiciona como un líder en la protección de los derechos humanos dentro de la región, promoviendo un entorno más inclusivo y seguro para todos sus ciudadanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
Las autoridades esperan que esta nueva normativa disuada a los profesionales de la salud de participar en prácticas que ahora no solo son consideradas inaceptables sino que también son punibles por ley.
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