La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de las Naciones Unidas, ha desestimado la solicitud de México para imponer medidas provisionales urgentes contra Ecuador tras la invasión de su embajada en Quito en abril.
"La Corte considera en forma unánime que las circunstancias, tal como se presentan ahora ante la Corte, no son tales que requieran el ejercicio de su facultad (...) de indicar medidas" provisorias, declaró el presidente del tribunal, el juez Nawaf Salam.
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Principio Fundamental de la Convención de Viena
El juez Salam destacó “la importancia fundamental del principio consagrado” en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, subrayando que el fallo se produce en una fase provisional del caso y que aún no se ha entrado en el fondo del procedimiento legal contra Ecuador.
Según el juez, Ecuador ya había prometido proteger los locales diplomáticos y las residencias mexicanas, eliminando la urgencia de dictar medidas adicionales.
Declaraciones Unilaterales y Obligaciones Legales
La Corte advirtió que “las declaraciones unilaterales pueden dar lugar a obligaciones legales, y los Estados interesados pueden asumir las declaraciones unilaterales y confiar en ellas, y tienen derecho a exigir que la obligación así creada sea respetada”.
Durante las audiencias sobre las medidas cautelares, Quito ya había garantizado por escrito a México que cumpliría con su deber de respetar y proteger a su personal y sedes diplomáticas, evitando así órdenes adicionales de los jueces de la ONU.
Reacción de la Diplomacia Mexicana
En las audiencias públicas celebradas el 30 de abril y el 1 de mayo, el gobierno mexicano acusó a Ecuador de “cruzar líneas que no se deben cruzar en el derecho internacional” y de crear “un precedente desconcertante que reverbera en toda la comunidad internacional”.
México argumentó la necesidad de medidas cautelares para asegurar la protección y seguridad de sus instalaciones diplomáticas, propiedad y archivos, y para prevenir cualquier intrusión futura.
Respuesta de Ecuador
Por su parte, Ecuador defendió que el asalto a la embajada mexicana fue un acto “excepcional” y que el político ecuatoriano involucrado había sido “debidamente condenado” por delitos relacionados con corrupción.
Además, enfatizó que Quito ha dado “garantías” por escrito a México de que cumplirá con su deber de respetar y proteger a su personal y sedes diplomáticas.
El embajador de Ecuador ante Países Bajos, Andrés Terán, afirmó: “México utilizó erróneamente durante meses su sede diplomática en Quito para dar refugio a un criminal común que ha sido debidamente condenado en dos ocasiones por los más altos tribunales de Ecuador de graves delitos relacionados con la corrupción”.
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