El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado una ambiciosa iniciativa para reformar el Poder Judicial, que incluye la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial.
Esta propuesta, enviada el pasado 5 de febrero junto con otros 17 proyectos de reformas constitucionales, pretende establecer un órgano que sancione a ministros, jueces e integrantes del Poder Judicial por actos contrarios a la ley y al interés público.
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De acuerdo con el proyecto de dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, las decisiones del Tribunal de Disciplina Judicial serán "definitivas e inatacables", lo que significa que no se podrá interponer juicio ni recurso alguno en contra de estas resoluciones.
El Tribunal estará compuesto por cinco miembros electos por la ciudadanía y propuestos por el titular del Ejecutivo, el Poder Legislativo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con un periodo de encargo de seis años.
Este Tribunal tendrá la autoridad para investigar y sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación que incurran en actos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes.
Además, podrá emitir amonestaciones, suspensiones, sanciones económicas, destituciones e inhabilitaciones.
En el caso específico de la destitución e inhabilitación de ministros, estas acciones se regirán por el Título Cuarto de la Constitución, que aborda las responsabilidades de los servidores públicos y los particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción.
La iniciativa también propone que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistradas y los magistrados de circuito, las juezas y los jueces de distrito, así como las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, sean elegidos de manera directa y secreta por la ciudadanía en las elecciones ordinarias, el primer domingo de junio.
Los ministros de la Suprema Corte tendrán un mandato de 12 años, mientras que los magistrados de circuito y los jueces de distrito servirán por nueve años, con posibilidad de reelección al concluir su periodo.
Durante las campañas, los candidatos a estos puestos no podrán realizar pre campañas y tendrán acceso equitativo a radio y televisión, sin posibilidad de recibir financiamiento público o privado.
La propuesta del presidente López Obrador busca fortalecer la transparencia y la justicia dentro del Poder Judicial, permitiendo que la ciudadanía participe activamente en la elección de sus representantes y en la vigilancia de su actuación.
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