Los gobiernos de México y Estados Unidos terminaron con las investigaciones del caso Servicios Industriales González, a partir del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas (MLRR), en Nuevo León.
Mediante un comunicado, emitido este martes 4 de junio, las Secretarías de Economía y del Trabajo revelaron que no existió ningún tipo de denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva hacia trabajadores en las sedes de la empresa.
Específicamente, en las de Pesquería, Marín y San Nicolás de los Garza: donde la compañía acerera está ubicada. Los primeros reportes aludían a 6 empleados despedidos en 2023, dado que habrían optado por agruparse en un sindicato.
Sin embargo, el gobierno mexicano aclaró que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Ramo del Transporte en General, la Construcción y sus Servicios (SNTTYC) no los representó; además, que también impidió el correcto desenvolvimiento de las investigaciones.
En suma, incluyó dentro de los recortes a un trabajador que mantiene funciones activas en Servicios Industriales González; pidió un monto equivalente al 20% de prestaciones a uno de los empleados despedidos y no favoreció sus eventuales capacitaciones.
En contraste, admitió que Servicios Industriales González los ayudó para desarrollarlas; a su vez, que difundió una carta compromiso de neutralidad en asuntos sindicales y un reglamento de conducta para su personal.
Por otra parte, extendió el pago de prestaciones y una gratificación adicional a los 6 trabajadores que ya no tienen un vínculo con el consorcio en Nuevo León; de esta forma, México y Estados Unidos contemplaron acabar con el caso.