Los gobiernos de México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo sin la necesidad de realizar una revisión a una presunta denegación de derechos en la planta de Grupo Yazaki, ubicada en León, Guanajuato.
Con este acuerdo, se logró evitar llevar este tema a un tribunal en el marco del TMEC.
El pasado mes de agosto, México le dijo a Estados Unidos que no iba a investigar lo que pasa en la fábrica de Grupo Yazaki en Guanajuato utilizando el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Anexo 31-A del TMEC.
La razón detrás de esta decisión es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) han concluido que, hasta la fecha, no hay pruebas que respalden las acusaciones de que la empresa está violando derechos sindicales o de negociación colectiva.
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Y con la finalidad de fortalecer el respeto a los derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva de las personas trabajadoras, Grupo Yazaki de manera proactiva llevó a cabo las acciones siguientes:
Publicación de una carta de neutralidad por parte de Grupo Yazaki
- En esta, la empresa se compromete a respetar y defender los derechos a la libertad sindical y negociación colectiva, mantener una postura neutral ante cualquier decisión que las y los trabajadoras acuerden. Asimismo, reafirma una política de tolerancia cero contra cualquier represalia, amenaza u obstrucción hacia las personas trabajadoras.
Capacitaciones
- Todos los trabajadores de la planta de León (más de 3 mil) recibieron capacitaciones por parte de la STPS sobre los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva y las implicaciones de la carta de neutralidad publicada por la empresa. Asimismo, el personal y los líderes del sindicato recibirán capacitación por parte de la Organización Internacional del Trabajo en este mes de octubre.
Es importante recordar de este caso, que en agosto, Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, solicitó a México la revisión del derecho de asociación de los trabajadores de la compañía en la planta de León, Guanajuato.
En aquella ocasión, Estados Unidos solicitó al gobierno mexicano que revisara si a los trabajadores se les estaban negando los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva.
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