Minutos antes de dar su último Grito de Independencia como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto de la Reforma Constitucional al Poder Judicial. Esta reforma, aprobada recientemente por el Congreso y la mayoría de los congresos estatales, marca un cambio significativo en la estructura judicial del país. En el evento, el mandatario estuvo acompañado por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien también se mostró a favor de los cambios impulsados por la Cuarta Transformación.
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AMLO y Claudia Sheinbaum firman el decreto de la Reforma Constitucional al Poder Judicial (VIDEO)
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El mandatario anunció la firma del decreto a través de su cuenta de X, calificando el momento como uno de los más importantes de su administración. "Hoy, en este día histórico, firmé el decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Reforma Constitucional al Poder Judicial, aprobada en el Congreso y en la mayoría de las legislaturas locales", expresó el presidente. Agregó que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, estuvo presente como testigo del histórico evento.
El anuncio generó reacciones diversas en redes sociales. Mientras que algunos ciudadanos expresaron su apoyo y confianza en los cambios, otros mostraron dudas sobre las implicaciones de la reforma, especialmente en la elección popular de jueces y magistrados.
¿En qué consiste la Reforma Judicial?
La Reforma Judicial, aprobada en 2024, plantea varias modificaciones a la Constitución Mexicana. Uno de los cambios más destacados es la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta medida tiene como objetivo democratizar la selección de los funcionarios judiciales, permitiendo que los ciudadanos tengan una participación directa en su elección.
Otro aspecto clave de la reforma es la reducción del número de ministros de la SCJN, que pasará de 11 a 9, con un periodo de mandato reducido de 15 a 12 años. Esta modificación busca una mayor rotación de los integrantes de la Corte, promoviendo un sistema más dinámico.
Además, se establece la creación de dos nuevas entidades que sustituirán al actual Consejo de la Judicatura Federal (CJF): el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial. Estas instituciones se encargarán de supervisar el cumplimiento de las responsabilidades judiciales y administrar los recursos del Poder Judicial, respectivamente.
Transformaciones estructurales en el Poder Judicial
La elección popular de jueces y magistrados representa una transformación significativa en el sistema de justicia mexicano. Este cambio pretende dar mayor legitimidad a los jueces, quienes estarán sujetos al escrutinio directo de los ciudadanos. No obstante, críticos de la reforma señalan que someter a los jueces a elecciones podría politizar el sistema judicial y comprometer su independencia.
La reducción en el número de ministros y la creación de nuevas instituciones también generan expectativas. La intención detrás del Tribunal de Disciplina Judicial es fortalecer la rendición de cuentas, mientras que el Órgano de Administración Judicial garantizará una gestión más eficiente de los recursos. Sin embargo, la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal ha generado algunas preocupaciones sobre la efectividad de los mecanismos de supervisión en el nuevo sistema.
Reacciones y críticas a la reforma
Uno de los puntos más polémicos de la reforma ha sido la elección popular de jueces, lo que ha generado inquietud tanto a nivel nacional como internacional. Diversas organizaciones civiles y partidos de oposición han manifestado su preocupación por la posible influencia política que podría ejercer sobre el sistema judicial. Señalan que el proceso electoral podría someter a los jueces a presiones electorales y comprometer su objetividad en la toma de decisiones.
En el ámbito internacional, países como Estados Unidos y Canadá han expresado preocupación por el impacto que la reforma podría tener en la estabilidad jurídica de México. Las embajadas de estos países han advertido que la politización del sistema judicial podría afectar la inversión extranjera y los tratados comerciales internacionales.
Desafíos en la implementación
A pesar de que la reforma ya fue aprobada por el Congreso y la mayoría de los congresos estatales, la implementación de los cambios requerirá ajustes importantes. Establecer un sistema electoral para la elección de jueces y magistrados supone la creación de nuevas reglas y mecanismos que garanticen la transparencia y la independencia de los candidatos.
La transición hacia las nuevas instituciones, como el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, también será un reto. Estas entidades deberán asegurar que se cumplan los objetivos de la reforma, garantizando la transparencia y eficiencia del sistema judicial.
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