En la que es considerada como la penúltima Sesión Extraordinaria de la LXIV Legislatura Local, los integrantes del Congreso del Estado aprobaron dos de las reformas constitucionales promovidas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de Guardia Nacional y de reconocimiento a los derechos de los indígenas.
Inicialmente fue aprobado por unanimidad de votos el dictamen de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, la cual fue avalada por el Congreso de la Unión para que esta obligue a las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de garantizar e incrementar los niveles de escolaridad en las comunidades de todo el país.
El dictamen que causó mayor revuelo fue el relacionado con el traspaso de la Guardia Nacional (GN) para que ahora esté bajo la competencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que incluye todos sus activos como el personal operativo, vehículos e inmuebles.
Este proyecto que tuvo una discusión cercana a los 40 minutos fue aprobado por mayoría de votos al registrar un resultado de 22 sufragios a favor y solamente cinco en contra, donde los ausentes fueron los integrantes de Movimiento Ciudadano (MC) ya que la única presente fue la carmelita Aurora Ceh Reyna.
Quien alzó la voz en contra fue el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Ricardo Medina Farfán quien usó la tribuna legislativa para arremeter contra el proyecto al que calificó como un intento de “militarizar al país”, lo que contraviene al marco normativo de la vigilancia de las fuerzas armadas.
Al respecto, fue el morenista Antonio Jiménez Gutiérrez que recriminó la postura del tricolor, al referir que solamente ha utilizado problemas sociales o de seguridad para atacar políticamente a las autoridades en turno que no son emanadas de su partido político.
La reforma que ahora ha sido aprobada por el pleno local, modifica el artículo 21 de la Constitución para ahora facultar a la Guardia Nacional para emprender investigaciones de delitos, siempre que estos estén en su ámbito de competencia.
Además, en el artículo 123 constitucional se añade que “los militares, marinos, integrantes de la Guardia Nacional, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes”.