La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este miércoles la Ley Nacional para Eliminar Trámites y Corrupción, cuyo objetivo es simplificar procesos administrativos y reducir la burocracia en todos los niveles de gobierno.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que esta nueva legislación busca agilizar trámites federales, estatales y municipales, permitiendo a los ciudadanos acceder a servicios gubernamentales de manera más rápida y eficiente.
"El objetivo es que disminuyan los trámites y, al hacerlo, también eliminamos cualquier posibilidad de corrupción entre la ventanilla y el ciudadano", afirmó la mandataria.
¿Cómo funcionará la nueva ley?
La reforma contempla cambios constitucionales para que su aplicación abarque todas las instancias gubernamentales, facilitando trámites esenciales como:
- Obtención de actas de nacimiento de forma inmediata.
- Trámites con el SAT, evitando la repetición de documentos.
- Registro de pequeñas empresas, reduciendo requisitos burocráticos.
- Simplificación de procesos para proveedores del gobierno, a través de bases de datos que agilicen la verificación de información.
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Además, Sheinbaum subrayó que la digitalización jugará un papel clave, permitiendo que la mayoría de los trámites se realicen en línea. Para quienes no tengan acceso a internet, se establecerán procedimientos claros que eviten largas filas y demoras innecesarias.
Reformas necesarias para su implementación
La mandataria explicó que para concretar esta ley, primero será necesario reformar la Constitución, permitiendo que la simplificación administrativa sea un mandato nacional. Posteriormente, se aprobará la ley secundaria que regulará su aplicación en todos los niveles de gobierno.
"Se trata de eliminar trámites innecesarios y, con ello, erradicar la corrupción en ventanillas. Es una transformación estructural que beneficiará a millones de mexicanos", concluyó Sheinbaum.
La propuesta será debatida en el Congreso en los próximos meses, con la expectativa de que marque un cambio significativo en la forma en que los ciudadanos interactúan con el gobierno.
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