La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó cómo el gobierno asumirá las funciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, detalló los cambios derivados de la reciente reforma constitucional que reorganiza la transparencia y protección de datos en México.
Nuevo modelo de acceso a la información y protección de datos
El INAI tenía dos funciones principales: garantizar el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Con la reforma, estas tareas serán asumidas por distintos organismos:
- Acceso a la información pública: Se creará un órgano desconcentrado denominado "Transparencia para el Pueblo", encargado de centralizar y garantizar la publicación de información gubernamental.
- Protección de datos personales: La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno se encargará de la seguridad y regulación de datos personales en manos del gobierno y particulares.
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Cambios en la estructura de transparencia
Antes de la reforma, solo el INAI era responsable del acceso a la información a nivel federal. Ahora, se establecerán 18 autoridades de transparencia que dependerán de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto a nivel federal como estatal y municipal.
En cuanto a datos personales, habrá 16 entidades responsables en los distintos niveles de gobierno, garantizando la regulación tanto de datos en posesión del sector público como de empresas privadas, como bancos y aseguradoras.
Garantías de continuidad y reducción de costos
Buenrostro aseguró que la reforma no restringirá el acceso a la información pública y que la Plataforma Nacional de Transparencia seguirá operando con todas sus bases de datos intactas.
Para evitar alteraciones, se implementará un validador criptográfico, que garantizará la integridad de la información almacenada.
Además, se eliminan los siete comisionados del INAI y se reduce la estructura administrativa, logrando un ahorro del 65 por ciento en costos operativos.
Coordinación con estados y municipios
Se creará el Sistema Nacional de Transparencia, que coordinará la implementación de las políticas de acceso a la información en los tres niveles de gobierno. Cada entidad federativa contará con un subsistema local, presidido por su respectivo Ejecutivo.
Finalmente, la reforma abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, consolidando una única Ley General de Transparencia y Protección de Datos, que regirá a nivel nacional.
Con este nuevo esquema, el gobierno busca garantizar la máxima publicidad de la información pública, fortalecer la protección de datos personales y reducir costos administrativos.
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