La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reveló nexos entre los gobiernos municipales de Amanalco, Santa María de los Plátanos y Tonatico con el grupo criminal La Familia Michoacana.
De acuerdo con las investigaciones realizadas como parte del Operativo Enjambre, iniciado el pasado 22 de noviembre, las administraciones locales habrían facilitado recursos económicos y datos personales de habitantes a la organización delictiva para extorsionarlos.
Amanalco: dinero directo al crimen organizado
En Amanalco, la alcaldesa María Elena “N”, quien ya fue detenida, sostenía reuniones regulares con los líderes de La Familia Michoacana, José Alfredo y Jhonny Hurtado Olascoaga.
La Fiscalía documentó que la exfuncionaria entregaba 100 mil pesos por cada acuerdo de cabildo aprobado, además de un pago trimestral de un millón de pesos.
La mitad del presupuesto municipal destinado a obras públicas también habría sido desviado hacia este grupo criminal.
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Santa María de los Plátanos: listas para extorsiones
En Santa María de los Plátanos, la alcaldesa saliente María de Rosario “N” proporcionaba a La Familia Michoacana listas con los nombres de beneficiarios de programas sociales y residentes que enviaban remesas.
Esta información era utilizada para extorsionar a los habitantes. Tanto María de Rosario como su esposo, Pedro Luis Hernández de Paz, quien fue electo alcalde, se encuentran prófugos tras evadir un intento de captura durante su toma de protesta el pasado 17 de diciembre.
Irregularidades en Tonatico y Operativo Enjambre
En el municipio de Tonatico, las investigaciones señalan que las autoridades locales también financiaron actividades delictivas de La Familia Michoacana, desviando partidas presupuestales municipales, estatales y federales hacia el crimen organizado.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) detectó además anomalías en la cuenta pública 2023, incluyendo un incremento no autorizado de 107.1 millones de pesos en materiales para la presidencia municipal.
Con estas acciones, la Fiscalía busca desarticular la red de apoyo que gobiernos municipales habrían brindado a diversos grupos criminales, incluidos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Unión Tepito, operando en la región.
IO
