Miembros de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya aseguran que no son ellos quienes están en contra del Tren Maya y que más bien es al contrario.
“El tren está contra nosotros, sólo nos estamos defendiendo, nosotros somos los que estamos aquí desde hace 500 años, son ellos quienes vienen a invadirnos”, manifestó Pedro Uc Be.
Dijo que quienes le pusieron “maya” a este proyecto lo hacen porque quieren honrar a la cultura o porque es simplemente una buena divisa.
“Ellos dicen que nos servirá como desarrollo y nos va a sacar de la marginación, otra opción es que nos quieren arrebatar el nombre para que nos sintamos identificados, ya que todos quieren ponerle la palabra maya a sus negocios”.
Arguye que de entrada el “maya” es únicamente un mote vendible para atraer turismo, porque “todos quieren ponerle a su negocio este nombre, y sobre todo es la cúspide de una planeación integral de megaproyectos que han afectado al pueblo maya: la soya transgénica, las granjas porcícolas, las energías renovables”.
Desde su perspectiva, estos proyectos son uno solo y no representan un beneficio para la población maya, incluso continúan con las imposiciones a esta comunidad indígena para participar en la construcción de este tren, señaló.
Reclamó que hasta la escolarización de los jóvenes muchas veces los lleva a dejar sus lugares de origen.
“No se forman para la vida, sino para trabajar en una colonización, los instruyen para irse de sus pueblos. Les dicen en dónde deben trabajar, se les impone qué es lo que quieren hacer, esto es asqueroso”.
Amenazas de muerte
Confesó que los han amenazado de muerte por resistirse, y destacó la importancia de preservar su lengua.
“No hay validez en defender la lengua sin defensa del territorio, ya que la legua tiene alma”.
En respuesta a estas amenazas, los miembros de la Asamblea han interpuesto seis amparos, desestimados por juzgados locales que han considerado que no tienen interés jurídico; no obstante, confían en que cuando menos uno llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de tres elementos importantes que esta obra está perjudicando: el medio ambiente, el patrimonio cultural y las “licitaciones”, que han sido más bien adjudicaciones directas.
El que la autoridad superior de justicia tome el caso, significaría que se va a discutir el fondo de sus argumentos, en caso de recibir una respuesta negativa, determinó que esto los llevaría a una instancia internacional, al haber agotado las instancias nacionales.
Condenó que en plena pandemia, con las medidas restrictivas que tenemos para evitar la propagación del virus, el Presidente de México haya viajado al sureste a dar el banderazo de salida de esta construcción férrea.
“Estamos con COVID-19, hay contagios y el presidente contraviene todo lo que su gobierno recomienda”.
El representante de la Asamblea también explicó que han logrado obtener una medida precautoria por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos “para que no haya construcciones mientras esté la pandemia”.
Aunque lamenta que estas recomendaciones no sean coercitivas y sólo queden en sugerencias, en este aspecto, asegura que han llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero hasta le fecha no les ha dado respuesta.
Señala que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) corrompió a los comisarios ejidales, por 5 mil pesos o menos, razón por la cual se aprobaron las supuestas consultas y no hay actas de asambleas en las que los ejidatarios hayan aceptado la transacción. Además, se les habla en español, no en su lengua madre, se desconoce qué impactos negativos va a haber, las mujeres no tuvieron voz ni voto, solo les prometieron que el tren traería agua y salud, pero esto podrían tenerlo sin que se construya.
Por Karla Regina Aguilar