La oposición al Tren Maya, la mega obra del gobierno de la 4T lleva un total de 19 juicios de amparo en contra, que van desde el rechazo por temas ambientales hasta situaciones vinculadas a la pandemia por COVID-19.
El director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Alejandro Varela, detalló que desde que iniciaron las obras y hasta marzo de 2021 se han interpuesto ese número de amparos por diversas asociaciones civiles y diferentes grupos indígenas que se oponen a la construcción en los 7 tramos del Tren Maya.
En entrevista, explicó que, de los 19 juicios deamparo, 6 han sido por temas vinculados a suspensiones por la pandemia de COVID-19, mientras que los otros 13 juicios sí son por rechazo al Tren Maya.
“En estos 19 juicios de amparo los que reclaman no suman más de 110 personas y se ostentan ante los juzgados federales como agraviados, cuando más de 800 mil personas participaron en la consulta y están a favor”, resaltó el director jurídico del Fonatur.
“Nos atrevemos a decir que es una situación politizada, con otros intereses, porque si en Campeche hay un millón de habitantes y se ampararon 17, qué representatividad tienen”, cuestionó Varela, al agregar que esas asociaciones obtuvieron las suspensiones y esto significa están en contra de sus propias autoridades ejidales y de sus propios consejos de pueblos indígenas.
“Entonces hay una subjetividad muy grave porque no están en contra del proyecto presidencial, sino en contra de la voluntad de los ejidos, de las comunidades, de toda la población de los 5 estados”.
De los 13 juicios de amparo que hay en contra del Tren Maya, aseguró que uno se acaba de ganar y fue a favor de la obra insignia de la 4T, porque era de personas de Ocosingo, Chiapas, que viven a 100 kilómetros de distancia de donde va a pasar el tren, por lo que no procedió. “Por eso te digo que los amparos obedecen a otros intereses”, reiteró.
En exclusiva, detalló que, con ese primer juicio resuelto, en total enfrentan 12 juicios de amparo en contra de las obras del Tren Maya, ya sea por manifestación de impacto ambiental o por la consulta indígena.
El director jurídico del Fonatur aseguró que de los 12 juicios de amparo que están en contra del Tren y mantienen suspensiones provisionales, en realidad no han evitado que se continúe con las obras de construcción porque ya existía la vía y la suspensión sólo tiene alcance para obra nueva.
Sin embargo, la que podría detener los trabajos en el Tramo 7 es la suspensión otorgada en Xpujil, Campeche, debido a que en esa zona sí es obra nueva y no podrían avanzar mientras no haya sentencia.
“Todas las suspensiones se han dado en tramos donde la vía ya existía, entonces son suspensiones muy acotadas; si quiero remover masa forestal en una zona que no está dentro derecho de vía, sí se paran los trabajos, pero hasta ahora todo se ejecuta en tramos con derecho de vía como en la carretera federal Mérida-Cancún o el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec que corre desde Palenque hasta Valladolid.
Comentó que los trabajos en el Tramo 7 están contemplados para finales de 2021 o principios de 2022, pero mientras no se resuelva la suspensión provisional, en este caso sí tendrán que detener las obras.
Varela argumentó que esta suspensión es “indebida”, porque la presentó una asociación civil, que ya no tiene representatividad en la comunidad de Xpujil, porque 69 comunidades celebraron sus asambleas y cerca de 18 mil personas aprobaron el proyecto.
Explicó que la juez primera de Distrito, de Campeche, tutelando los derechos de las 17 personas de dicha asociación, dictó la suspensión, pero “es una incongruencia que la juez suspenda las obras en Xpujil cuando ningún habitante de ahí se amparó, una asociación civil fue la que presentó el amparo y ninguno de los 17 firmantes habita en Xpujil, entonces creemos que es una suspensión indebida”.
Afirmó que las 69 comunidades de dicho municipio ya comparecieron, manifestando que están en contra de la suspensión provisional, además de que la juez no pondera que en la consulta indígena 18 mil estuvieron a favor y sólo 17 están en contra, lo cual muestra que “la propia juez está desconociendo a las autoridades de las propias comunidades”.
Por ello, insistió que los 12 amparos que están en juicio provienen de asociaciones civiles, “no es población como tal, porque las comunidades están a favor del tren, son asociaciones civiles que posiblemente tienen un trasfondo político, porque nosotros diario tenemos reuniones con las comunidades ejidales”.
“Hay mesas de trabajo y son asociaciones las que han metido los amparos. La gente no está en contra, tienen reclamos de necesidades sociales, del rezago que ha habido en el sureste, tienen dudas, pero no se están amparando”, aseguró.
CG