Luego de las declaraciones del director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Alejandro Varela Arellano, en donde enfatizó en “mayorías y minorías” relativas promotoras de 19 juicios de amparo contra el Tren Maya, el abogado del Equipo Indignación, Jorge Fernández Mendiburu, externó que, negar que no provienen de las comunidades indígenas, sino de las organizaciones civiles, es un “absurdo”. Agregó que el fondo del asunto es que “existen derechos en riesgo” y que la población tiene el derecho de impugnar a través de los mecanismos legales.
Complementó explicando que, lo que las organizaciones están haciendo es acompañar legalmente los procesos. Aclaró que, con las declaraciones del Fonatur, pareciera como si todas las comunidades pudieran acceder a un abogado para presentar juicios de amparo.
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“Las organizaciones de derechos humanos que acompañamos están limitados de personal y presupuesto. Pero si vas por Escárcega hay un montón de comunidades que se oponen al Tren Maya y no tienen los medios para impugnar. Hay condiciones asimétricas y lo único que quieren es justificar un proyecto que se ha demostrado es inviable”, compartió.
Expuso que lo relevante del asunto es si la gente realmente tuvo información, si se llevó a cabo el proceso de consulta y consentimiento de forma libre e informada, porque la gente no tiene información fidedigna y, “aunque fuera una minoría de las comunidades, tienen todo el derecho a reclamar un plan que sienten que daña su proyecto de vida, su libre determinación”.
En nuestra edición de ayer informamos que el Tren Maya acumula 19 juicios de amparo, pero para el director jurídico del Fonatur, Alejandro Varela Arellano, son más una cuestión política y sin representatividad de la comunidad.
A este respecto, Pedro Uc, representante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíinbal”, aseguró que las declaraciones del Fonatur son solamente para “defender una mentira”.
En su caso, explicó que no son una asociación civil, sino un colectivo de 25 comunidades de la Península y que están en contra del despojo del territorio maya.
“Somos comunidades, no somos acompañantes, no somos sociedad civil, no tenemos convenios con fundaciones, no tenemos nada de eso. Los que hemos puesto los amparos en su mayoría somos nosotros y tenemos como ocho recursos y respondemos por ellos”, detalló.
Comentó que, independientemente de si son uno o muchos, los pobladores que han tramitado amparo alguno, los jueces han concedido las suspensiones temporales y definitivas.
“¿Qué relación tiene si son organizaciones o no? No es una condición que si son agrupaciones no lo acepten, eso no dice la Ley. Plantea que tenemos oportunidad de reclamar algo que creemos que nos ha violentado; quien sea que lo interponga, si su derecho es vulnerado o violado, como mexicanos tenemos esa posibilidad. En este caso el juez ha valorado eso y ha concedido las suspensiones temporales”, expuso.
“Independientemente de que sea una asociación civil o las comunidades, de lo que se trata es que hay un daño irreversible que se genera al medio ambiente y a la sociedad”, enfatizó.
Sobre este tema, Fernández Mendiburu comentó que es un “absurdo” argumentar que los amparos son por cuestiones políticas, porque hay un mandato de uno o varios jueces.
“Decir que es un asunto solamente político es querer engañar, porque si hay 19 amparos y cuando menos ocho o nueve suspensiones, eso quiere decir que varios jueces de tres Estados han considerado que hay elementos para suspender la obra y no es un tema político, sino que hay aspectos de tipo jurídico que han llevado a los magistrados a dictar estas resoluciones que no son el fondo del amparo, son mientras se resuelve”, explicó.
Cuestionó también la postura del Fonatur sobre que los amparos no les afectan, ya que ellos trabajan sobre la vía existente y no generan obra nueva.
“Ese es el argumento para no cumplir con las suspensiones, pero sí hay obra nueva. Es mentira, porque trabajan y están deforestando, construyendo. Hay una actitud sistémica del Fonatur de estar mintiendo a la gente, diciendo que se trabaja sobre obra antigua y no sobre nueva”.
Por lo anterior, dijo que el Poder Judicial deberá hacer efectivas sus suspensiones, “porque de nada sirve que las pongan en el papel si en los hechos no surten efectos, y por ello es importante que las solicitudes que se le presentan a la instancia por incumplimiento o por la violación a las suspensiones, sean retomadas y que hagan valer sus facultades para poder establecer sanciones y medidas por el incumplimiento de resolución o suspensión”.
“El papel del Poder Judicial federal es importante para poner freno a estas obras que ellos mismos han suspendido”, sentenció.
SY