Adela Navarro Bello
Desde su toma de posesión y hasta la fecha, el todavía presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, ha convivido con 35 gobernadores priístas en 24 estados. De los cuales, en nueve, durante su administración, el Partido Revolucionario Institucional perdió las elecciones ante la oposición. Actualmente, sólo trece entidades federativas son encabezadas por miembros del Revolucionario Institucional.
Si de algo estuvo plagado el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue de casos de corrupción. No sólo en el gobierno central que ha titulado desde 2012, cuanto más en los estados de la República; “destacados” priístas que de su mano, sea en apoyo institucional, electoral o político, terminaron por saquear erarios y dejar tras de sí una estela de corrupción, y en la mayoría de los casos, de impunidad política.
De los nueve estados que perdió ante la oposición, en uno de ellos el gobernador electo aún no toma posesión. Es el caso de Enrique Alfaro, quien de la mano de Movimiento Ciudadano ganó la elección al gobierno de Jalisco el 1 de julio de 2018, siendo derrotado tanto el candidato del PRI como su gobernador Aristóteles Sandoval.
En el resto de los estados que el PRI perdió ante la oposición, en 2015 fue derrotado en Michoacán por el perredista Silvano Aureoles (aunque ciertamente un independiente ocupaba el gobierno en sustitución del priísta Fausto Vallejo); ese mismo año, Jaime Rodríguez Calderón hacía historia al convertirse en el primer candidato independiente en ganar una gubernatura, fue en Nuevo León, derrotando a Rodrigo Medina, y por esos mismos meses el presidente llamó al gobernador de Querétaro, José Calzada, a integrarse a su equipo sólo para perder aquel gobierno ante el panista Francisco Domínguez.
Para el 2016, Peña y el PRI perdieron Chihuahua. El abanderado del PAN, Javier Corral Jurado, derrotó al tricolor y al ex gobernador César Duarte. El mismo año, perdieron Durango en la elección que ganó el panista José Rosas Aispuro. Tamaulipas fue llevado a las parcelas panistas con Francisco Javier Cabeza de Vaca, lo mismo que Quintana Roo donde triunfó Carlos Joaquín González, y Veracruz donde salió avante Miguel Ángel Yúnez, y tomó posesión del gobierno dejado por Javier Duarte.
Y en 2017, el tricolor de Peña fue vencido en Nayarit por el panista Antonio Echeverría.
Resaltan estos ocho casos de gobiernos priístas derrotados por oposicionistas, porque es precisamente en ese tipo de transiciones, de un partido a otro, que las facturas de la corrupción suelen cobrarse. Al pasar de una ideología a otra, de centro a derecha, de centro a izquierda, imperando la competencia política por encima de la negociación en los mismos términos, los nuevos gobiernos suelen cumplir con sus promesas de un cambio, de combatir la corrupción, de ordenar las finanzas, de hacer valer el Estado de Derecho. De hecho, cuando un partido hegemónico como lo fue el PRI en México comienza a perder elecciones, es precisamente porque los electores castigan el mal gobierno, la corrupción.
En los estados es lo mismo. Un mal gobierno entrega la administración a la oposición desde donde prometen rendición de cuentas, no caer en los mismos errores, y por supuesto, cárcel a los corruptos. Ejemplo de ello sucedió en los estados de Chihuahua y Veracruz, con menor medida en Nuevo León.
De los ocho gobernadores de oposición que derrotaron al PRI adolecido ya de corrupción, únicamente en dos de manera directa y con resultados, se ha investigado la corrupción de los ex gobernadores. Es el caso de Chihuahua con Javier Corral Jurado al frente de la cruzada contra la corrupción y decidido –como él lo dice– a romper el pacto de impunidad que impide que en otros estados y aun entre administraciones federales de diferentes partidos, se castigue a los corruptos. En la misma dinámica pero con otra tónica, Miguel Ángel Yúnez en Veracruz inició investigaciones contra Javier Duarte de Ochoa. Jaime Rodríguez Calderón lo intentó al inicio de su administración sobre lo dejado por Rodrigo Medina.
Pero de todos estos gobernadores de oposición que ganaron estados al PRI, sólo hay uno al que evidentemente le tiene miedo el presidente Enrique Peña Nieto: Javier Corral.
No existe otra explicación para justificar que hace unos días el jurídico de la Presidencia de la República interpusiera, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una controversia constitucional para evitar que las investigaciones y acciones judiciales que ha emprendido Corral en Chihuahua para que no quede impune César Duarte Jáquez, lo alcancen a él o a los integrantes de su gabinete.
Es conocido ciertamente que las investigaciones de Chihuahua, donde varios ex funcionarios han sido detenidos y encarcelados, y se le han decomisado decenas de propiedades al ex gobernador, y probado el desvío de por lo menos 250 millones etiquetados por el gobierno federal para el uso del gobierno estatal, pasando por un alto miembro del PRI, están dando resultados, y que podrían llegar hasta el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cúpula del Partido Revolucionario Institucional, y la misma Presidencia de la República.
La mecánica de la corrupción en este caso fue, según lo explicado por el gobernador Corral, que dinero autorizado por la SHCP fue ejercido por el gobernador Duarte contratando empresas fantasmas en un esquema ideado por Alejandro Gutiérrez (secretario adjunto del PRI en tiempos de Manlio Fabio Beltrones), y desviando el recurso a la campaña priísta de 2016. Al final, el dinero salió del erario, pero el servicio no se prestó.
¿Usted cree que de los 35 gobernadores priístas con los que convivió Enrique Peña Nieto durante su administración, y los cuales respondieron a por lo menos ocho dirigencias nacionales priístas (Humberto Moreira, Pedro Joaquín Codwell, María Díaz, César Camacho, Manlio Beltrones, Enrique Ochoa, René Juárez y Claudia Ruíz), únicamente dos ex gobernadores (o gobernadores) priístas desviaron dinero a su causa político electoral?
Sí, es difícil de creerse. Pero lo que sí es certero, es que únicamente dos gobernadores de oposición que ganaron al PRI sus estados, decidieron hacerlos rendir cuentas de manera más o menos exitosa: Javier Corral en Chihuahua y Miguel Ángel Yúnez en Veracruz.
¿Cuál es el pacto de impunidad que siguieron el resto de los gobernadores para no investigar a sus predecesores priístas? ¿O usted cree que únicamente dos priístas desviaron recursos para su partido (independientemente que lo hayan hecho para sus arcas personales)?
El hecho que Peña Nieto y su equipo busquen el amparo de la justicia a partir de una controversia constitucional para evitar ser investigados o detenidos por la Fiscalía de Chihuahua en las investigaciones sobre corrupción que se llevan en relación a la anterior administración encabezada por el priísta César Duarte Jáquez, permite entender que quizá sí haya evidencia de la corrupción institucional del gobierno federal y el Partido Revolucionario Institucional.
Peña no ha pedido no ser investigado en ninguno de los otros estados donde su partido perdió el gobierno del Estado contra miembros de la oposición, lo cual también evidencia –dijera Corral– el pacto de impunidad que persiste en estos tiempos de transición política.
Definitivamente los gobernadores que desde la oposición no investigaron a sus predecesores priístas, están siendo opacados y evidenciados por el trabajo de combate a la corrupción que desarrolla Javier Corral, quien se enfrenta ahora a un gigante personificado por la Presidencia de la República, que con una controversia busca que ni el presidente ni sus funcionarios sean investigados en el estado de Chihuahua.
En los estados como en la Federación, hace falta más combate a la corrupción y menos pacto de impunidad.
(SIN EMBARGO.MX)