Opinión

Guillermo Fabela QuiñonesApuntes

El secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, al inaugurar las instalaciones del 41 Batallón de Infantería, en Teloloapan, Guerrero, se refirió a la posibilidad de que se legalice la producción de goma de opio con fines medicinales. Aunque señaló que “es un tema que tendrá que debatirse”. En principio, puede afirmarse que se trata de una propuesta sensata, ya que la experiencia histórica ha demostrado que las prohibiciones de productos de consumo restringido, generan más problemas de los que se quieren evitar.

Viene a la memoria, por su importancia social y económica, la prohibición de bebidas alcohólicas en Estados Unidos en la segunda década del siglo pasado. Aunque ahora las condiciones económicas y sociales son muy diferentes, vale el ejemplo como un paralelismo histórico de lo que conlleva tomar decisiones sin prever las consecuencias. Con el combate al narcotráfico, decretado en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se abrió la caja de Pandora de la violencia y del surgimiento de células delictivas cada vez más incontrolables y sanguinarias.

La realidad social del país se complicó de manera dramática, porque estaban dadas las condiciones para que cientos de miles de campesinos, marginados por las políticas públicas neoliberales, vieran como una tabla de salvación trabajar para los delincuentes en sus tierras infértiles y sin ninguna posibilidad de aprovechamiento. Por eso, uno de los temas que deberá sopesarse es el de los mecanismos para lograr que esa población, adherida a la subeconomía del narcotráfico, deje de hacerlo sin que se vea afectado su modo de vida.

Amplias zonas de los estados de Guerrero, Michoacán, Durango y Sinaloa, Oaxaca, tienen en la cosecha de amapola y de mariguana un medio que permite paliar la pobreza y marginación que de otra manera rebasaría la capacidad de las instituciones estatales y federales. Es urgente un reordenamiento de la economía rural de esas entidades, a fin de poder reinsertar a la legalidad a esa población actualmente al servicio de cárteles delictivos. Hay mucho que hacer en esa dirección, pero el primer paso tendrá que ser el pago del precio de garantía de las siembras por parte del gobierno federal, dentro de un marco legal y justo.

Lo fundamental es crear mecanismos de coordinación entre todos los agentes económicos, políticos y sociales que participan en el fenómeno del narcotráfico, para enfrentar con éxito los embates de la delincuencia organizada, y desorganizarla para quitarle su fuerza. Parece una utopía, pero el ejemplo paradigmático del fin de la violencia con la legalización del alcohol en Estados Unidos, hace previsible que no lo es tanto. El fondo del asunto es controlar la corrupción, el principal motor del flagelo.

Las fuerzas armadas pueden ser el principal soporte de tan inmensa tarea, para convertirse en un ejército de paz y de convergencia social. Lo conducente es cambiar la dinámica de las tácticas y estrategias de la lucha contra el narcotráfico para desarticular sus células delincuenciales. Sólo así se allanaría el camino para que la economía, hoy enmarcada en la ilegalidad, pasara a ser parte de la formalidad institucional.

Sólo así tendría viabilidad la legalización de la mariguana y la amapola, con fines medicinales, productos que tienen una amplia gama de usos médicos como está más que probado, sobre todo los de la goma de la hermosa flor que hace más de medio siglo se usaba en las casas como ornato en los jardines y macetas.

Sin duda, es preciso un esfuerzo extraordinario poder resolver sin violencia los problemas inherentes a una legalización tan controvertida. Con todo, no queda otra alternativa si realmente se quiere finalizar la criminalidad que rodea el flagelo del trasiego ilegal de drogas. Hay que recordar que los enervantes naturales se consumen desde hace siglos, se convirtieron en un problema social y delictivo cuando pasaron a ser objeto de prohibición.

(guillermo.favela@hotmail.com)

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