Guillermo Fabela Quiñones
Apuntes…
Sin duda, muchos de los millones de ciudadanos que votaron por Andrés Manuel López Obrador se sintieron defraudados al saber la noticia de que connotados miembros de la élite oligárquica habían sido integrados a un “consejo asesor” para apoyar al nuevo gobierno. El empresariado apoyó la apertura del presidente electo, mientras que éste señaló la importancia de esta iniciativa de la cúpula del sector privado.
Dijo López Obrador: “De ellos salió que quieren apoyar y que quieren ser consejeros del próximo presidente de la República, y les tomé la palabra”. Obviamente, por estrategia política elemental debía aceptar tal ofrecimiento, no cerrarse a una relación que será intensa y de la cual dependerá el futuro no sólo del nuevo régimen, sino del país. Esto es apenas el comienzo de la lucha en las cúpulas del poder, en busca de afianzar cada una de las partes sus intereses primordiales.
Lo fundamental en esta etapa es el diálogo y la negociación sobre objetivos concretos. La élite del poder económico debe entender que su hegemonía ya finalizó a partir del momento en que México cuenta con un Ejecutivo legítimo, un mandatario comprometido con la sociedad en su conjunto, no con un representante de ellos en Los Pinos cuyo principal objetivo es asegurarles privilegios y apuntalar beneficios a costa de la pobreza de las clases mayoritarias.
No se necesita ser ingenuo irredento para saber que lo que quiere este Consejo Asesor es acotar el desempeño de López Obrador, orillarlo a que el gobierno tome decisiones que les convengan, incluso por encima de los intereses del país, como así ha sucedido a partir de que la tecnocracia tomó las riendas del Ejecutivo Federal. Lo harían en la medida que López Obrador perdiera apoyo popular, su fuerza política.
Esta es la condición fundamental del nuevo gobierno, el equilibrio de fuerzas, para lo cual debe contar con factores reales de poder que convenzan a los súper ricos de ser solidarios con la nación, no sólo entre ellos y sus intereses. Es preciso convencerlos de que llegó la hora de la democracia participativa en México, no sólo en lo que se refiere a consultas públicas, sino sobre todo al imperativo de que la pobreza deje de ser un ingente problema social.
Si quieren que en el país se erradique la inseguridad y la violencia, deben poner de su parte lo que les corresponde como miembros de la sociedad con grandes responsabilidades que no han sabido cumplir. Así lo demuestra la realidad, pues México es el país latinoamericano con mayor desigualdad, y los salarios más bajos en relación con las utilidades de las grandes empresas y del sector financiero.
Poner fin a esta situación tan desventajosa es una prioridad impostergable. Así lo entienden incluso los sectores empresariales de Estados Unidos y Canadá, quienes en las negociaciones del extinto TLCAN hicieron hincapié en que los salarios en México sean un incentivo a la productividad, no un freno como sucede actualmente.
En consecuencia, es preciso comprender que dialogar con todos, incluidos importantes miembros de lo que en la campaña López Obrador denominó la “mafia del poder”, es una necesidad estratégica. Los empresarios y los banqueros son fundamentales para apuntalar el crecimiento, pero bajo la rectoría del Estado. Lo inaceptable sería negociar con el “salinato” el futuro de la patria, como lo quiere la cúpula del PRIAN.
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