Por Ricardo Monreal
En pocos ámbitos, la desigualdad es tan peligrosa y destructiva como en el relativo al acceso a los servicios de salud. Una sociedad en la que algunas personas tienen asegurado este derecho y otras no, difícilmente puede aspirar a ser considerada justa y próspera. En nuestro país 20 millones de habitantes no tienen posibilidad de recibir estos servicios y que, ante la adversidad de una enfermedad se encuentran desprotegidos y desatendidos.
En México el mecanismo que las administraciones pasadas diseñaron para atender las carencias en salud de quienes menos tienen, el Seguro Popular (SP), era utilizado como la caja grande de algunos estados y gobernadores, haciendo de la universalidad de la salud pública casi una utopía. Tan solo del 2013 al 2017, de acuerdo con la ASF, las entidades tenían pendiente aclarar el uso que se le dio a 16 mil millones de pesos provenientes del SP, fondos que deberían servir para atender los problemas de salud.
El esquema bajo, el cual se asignaban los fondos del SP a los estados creó un ciclo vicioso, pues aquellas entidades que contaban con mayores capacidades institucionales para afiliar derechohabientes eran las que recibían más recursos, profundizando las desigualdades entre las entidades federativas, en materia de salud. A su vez, la necesidad de recibir mayores recursos, empadronando para ello a más personas, ocasionó que muchas estuvieran inscritas en el programa, pero sin tener acceso efectivo a los servicios de salud o, en todo caso, no a los de calidad. Así, probablemente el número de habitantes que realmente no cuentan con ningún servicio de salud es aún mayor que el oficialmente estimado.
El jueves pasado, en el Senado de la República se aprobaron reformas a la Ley General de Salud y a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a través de las cuales se crea el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituirá al SP. Este organismo habrá de ser el vehículo para universalizar el acceso efectivo a la salud, generar estándares de calidad a través de todo el sistema y asegurar que las personas vulnerables puedan ejercer este derecho.
El Insabi representa la institucionalización de la ideología de un movimiento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo eje rector es la atención a la población más desprotegida. Esta nueva política eliminará los padrones que servían para justificar la transferencia de recursos, para dar paso al acceso a todas las personas que necesiten atención médica, sin que la condición social o económica sea una limitante. Esto se logrará de manera progresiva y en estrecha colaboración con las entidades federativas con las cuales el Insabi generará acuerdos de cooperación, aumentando así la eficiencia de la aplicación de los recursos.
Parte fundamental de esta reforma es asegurar que los fondos se ejerzan en beneficio de la sociedad, y no como el banco privado de algunos cuantos. Para ello, se creará un registro de atenciones brindadas por el Insabi en el cual se transparentará cómo y en qué se están usando los recursos. Además, se evitará la adquisición de medicamentos con sobreprecios —práctica común en el pasado—, al pasar de un esquema de nula supervisión y rendición de cuentas a la centralización de los recursos.
Finalmente, uno de los puntos que más polémica ha generado, es qué sucederá con el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que, bajo el esquema del SP, se utilizaba para evitar que las personas vulnerables agudizaran su situación, al enfrentar una enfermedad grave y costosa de atender. A diferencia de lo que muchos quieren hacer creer a la población, el Fondo no desaparecerá, sino que será sustituido por el Fondo de Salud para el Bienestar, que ampliará la cobertura para quienes padezcan algún padecimiento delicado.
Más allá de puntos de vista, el inicio de la implementación de esta nueva política de salud representa un gran avance en la construcción de una sociedad más igualitaria. Nuestro objetivo y aspiración es que no exista ni una sola persona cuya salud sea puesta en riesgo por la avaricia de alguien más; que la universalización de la salud sea una realidad y no solamente una lista a partir de la cual se asignen recursos.
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