Guillermo Fabela Quiñones
Es una buena señal que se transparenten los problemas que influyen en el rumbo del país, así la ciudadanía puede discernir con conocimiento de causa porqué se toman decisiones de políticas públicas incluso polémicas. Tal es el caso de la impunidad, flagelo pernicioso que ha dañado mucho el tejido social, y cuyo combate es una de las prioridades del régimen de la Cuarta Transformación.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa en el Palacio Nacional, afirmó que en su sexenio se renovarán Corte y Judicatura, ante la recurrencia de la liberación de presos con la excusa de la incorrecta integración de la investigación o faltas al debido proceso. Advirtió que en esos casos se presentarán quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y se harán públicos los nombres de juzgadores cuando se detecte alguna irregularidad procesal.
La respuesta no tardó mucho en hacerse pública, pues un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Sur, dijo: “Esta mañana, en otro lugar, se hizo la afirmación de que se va a investigar la corrupción de jueces que liberan delincuentes… Que se entienda bien, Ministerio Público, no soy juez a modo ni en favor de los delincuentes… corrupción es pretender presionar a esta autoridad judicial sin sustento alguno con fines mediáticos”.
Negó que los delincuentes sean liberados por corrupción en el Poder Judicial, lo son por la mala integración de las carpetas de investigación que presenta el Ministerio Público, acusó. Lo cierto es que en adelante ambas instancias tendrán que actuar con transparencia y sentido ético, porque de no hacerlo se expondrán a ser “lampareados”, como dijo coloquialmente el jefe del Ejecutivo federal.
La transparencia será el detonador que ponga en movimiento la práctica política en la lucha contra la corrupción y la impunidad. La democratización de la vida nacional será menos ardua en la medida que se discutan, con argumentos sólidos, los problemas nacionales y los temas controversiales de la vida pública del país.
En este sentido, es saludable que se ventilen asuntos que conciernen a toda la sociedad, como la controversia entre la Secretaría del Trabajo y la Confederación de Trabajadores de México (CTM), porque para esta organización laboral, según su dirigente, Carlos Aceves del Olmo, “percibe un conflicto de interés en la titular (Luisa María Alcalde) y su padre, Arturo Alcalde Justiniani, debido a que éste es colaborador de distintos sindicatos”.
Al dirigente cetemista le disgusta que el progenitor de la funcionaria sea promotor de la idea de que una misma empresa tenga en su seno tres o cuatro sindicatos. Dijo que esto es viable en países europeos, los cuales “nos llevan 2 mil años de cultura”. Bajo esta perspectiva tiene razón, aunque el fondo del problema no sea cultural sino referido a la democracia, tema tabú para el “dinosaurio” que no acepta perder su hábitat paleolítico.
Para la sociedad es fundamental que haya diálogo entre los distintos poderes, así como con las principales organizaciones sociales, porque es el modo más directo de impulsar la democratización de la vida pública. Más aún si mediante la discusión respetuosa se logran cometidos de suma trascendencia, como sacar a la luz las purulencias que subyacen en el fondo del aparato burocrático y del entramado social y económico nacional.