Ricardo Ravelo
En el sector aduanero del país es urgente una limpieza profunda, “de arriba hacia abajo”, como propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando, en plena campaña política, se refería a la corrupción institucional.
Las aduanas –49 en total– cayeron en profunda crisis de corrupción durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto: por esas puertas ingresaron al país cientos de toneladas de textiles, armas, municiones, precursores químicos, droga, dinero y todo lo ilegal que es manejado por el contrabando y la delincuencia organizada.
La mafia del contrabando operaba de esta manera: lista la mercancía para ser transportada desde China u otro país, los operadores del crimen se aprestaban a cooptar a un administrador de aduana, el más viable, de acuerdo con la ruta de la mercancía y los costos y pagos por pasarla a territorio nacional.
Se llegaba a un acuerdo y el soborno se entregaba en efectivo, en maletines voluminosos. Parte de ese pago se entregaba en la Administración General de Aduanas o bien en el área de Operación Aduanera, donde se daba el visto bueno. El dinero era traído a la Ciudad de México en vehículos particulares y se entregaba en alguna plaza lujosa de Polanco.
Esas operaciones –de acuerdo con quejas y denuncias– se llevaban a cabo en las 49 aduanas del país: por Cancún, por ejemplo, ingresan cigarrillos canadienses de contrabando; por Veracruz entra droga, textiles y precursores químicos que provienen de Alemania. Y por Tijuana, Ciudad Juárez entra de todo. Esas aduanas son una puerta abierta al delito.
Esto era una práctica normal y cotidiana en los gobiernos del PRI y el PAN, hermanos de la corrupción. Durante los gobiernos anteriores las aduanas pasaron a ser controladas por el crimen organizado. Ante la amenaza de muerte, ningún funcionario decía que no al ofrecimiento de dinero.
–Cooperas o te mueres –era la amenaza, seguida por la entrega de un sobre con las fotografías de los hijos del funcionario.
Esta práctica continúa. Los administradores saben que al realizar sus funciones tienen que tratar con el crimen organizado, con la mafia del contrabando y del tráfico de armas.
Por ello, la actual administración quiere limpiar el sector aduanero. Pero existen fuerzas internas que se resisten al cambio y quieren seguir viviendo como en los tiempos del priato: en la jauja, en el dispendio, en la corrupción sin límite. Es el caso del Administrador General de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, quien fue regañado por la jefe del SAT por pasarse de listo.
Por esa razón, estalló la bronca y la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, tuvo que dar un manotazo.
Resulta que el 4 de marzo último, mediante el oficio 100-2019, la titular del SAT le reclama al responsable de las aduanas que se han detectado varias irregularidades que “tienen el común denominador de no ser institucionales”.
En concreto lo que reclama Ríos-Farjat es que Peralta Saucedo se la pasa por alto al tomar decisiones que también deben ser autorizadas por el SAT.
Sus palabras dan cuenta no sólo de irregularidades, sino de la corrupción atroz que aún opera en las 49 aduanas del país:
“Lo que ha estado sucediendo –dice el oficio– es que en el micrositio de Aduanas se han estado publicando boletines que hacen referencias a procedimientos y decisiones que la suscrita no ha aprobado ni firmado y, sin embargo, en dichos boletines dice que se trata de procedimientos que serán incluidos en la próxima Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes”.
Y tajante la titular del SAT afirma en el oficio: “Esta situación reviste la máxima irregularidad institucional y podría dar lugar al procedimiento y sanciones que correspondan por el incumplimiento a las obligaciones previstas en los artículos 1,2 fracciones 1 y ll, entre otras, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
Explica Ríos-Farjat en su oficio que las irregularidades al interior de las aduanas no son sólo de forma sino de fondo. Y explica que el 6 de febrero de este año se publicó en el mismo sitio (de Internet oficial) el boletín P009 en el que se dio a conocer el esquema de facilitación para la importación de hidrocarburos consistente en su depósito hasta por quince días en la aduana o en almacenes de depósito.
Si bien el proyecto fue enviado el 22 de enero mediante un oficio, el mismo no contó, como debía ser, con el consenso de las demás unidades administrativas y por ende tampoco con mi aprobación y firma.
“Me informa el comité que se pretendió justificar (la omisión) argumentando que la orden la emitió el Presidente de la República; sin embargo, si así fue, “usted omitió informarme como correspondería”, le dice la titular del SAT a Ricardo Peralta.
No es todo: Ríos-Farjat le dice además que se detectaron al menos otros tres boletines –P006, P008 y P0010– mediante los cuales dan a conocer disposiciones normativas que sobrepasan temas técnicos u operativos y que requieren aprobación previa, como ya se señaló.
Luego arremete contra Peralta Saucedo, firma la ordenanza:
“Le comunico que, en aras de mantener el respeto a la legalidad y certeza jurídica del público en general, los boletines (referidos) deben ser dados de baja del referido. En los que se emitan subsecuentemente, se deberá observar lo dispuesto por el artículo 19 fracción V del RISAT, esto es: establecer las estrategias, lineamientos y directrices que deben seguir las unidades administrativas que le sean adscritas y las aduanas, respecto de normas de operación y, además, deberán contar con la validación y visto bueno de la jefatura del SAT, a través de la Administración General Jurídica”.
Y sigue el reclamo:
“En segundo lugar, a la irregularidad en comunicación institucional señalada arriba (publicar boletines sin sustento jurídico) se le añaden otras en el mismo rubro, documentadas por la Administración General de Servicios al Contribuyente y que han sido motivo de innumerables quejas por parte de dicha administración, ya que se complica su labor al tener que revisar y corregir las publicaciones”.
Un ejemplo exhibe la falta de pulcritud de Ricardo Peralta: “Se han identificado comunicaciones en las que no se respeta la imagen del Gobierno Federal, de la SHCP o del SAT, con el uso de logotipos en proporciones inadecuadas o con variantes no autorizadas, lo que contraviene la ley.
Y por lo que respecta a las redes sociales –sigue el oficio– se crearon las cuentas @AduanasMx y@denuncia_aduana en Twitter, provocando dispersión de los mensajes institucionales y sin que sus contenidos en cuanto a redacción, imagen gráfica y presentación sean autorizadas y conforme a los lineamientos marcados por la ley.
Esto provoca, según la titular del SAT, que una misma área sea juez y parte, además de que se dejan sin atender alrededor de cincuenta mensajes directos, lo que puede provocar descontento de los usuarios… Por ello, dichas cuentas en redes sociales deben ser dadas de baja.
El oficio da cuenta de otras fallas y vicios internos en las diversas áreas del SAT y de Aduanas.
Esta diferencia –una de las más ríspidas que se han presentado desde que asumió el poder el nuevo Gobierno– detuvo algunas decisiones en aduanas y en el SAT. Varios administradores de aduanas, que deben ser removidos, siguen en sus cargos, entre otras razones, por los desajustes que privan en el SAT.
Lo mismo ocurre en las Administraciones de Auditoría, dependientes del SAT, donde varios administradores siguen en sus cargos a pesar de ser de la administración pasada. Seguramente pronto vendrán los cambios.
Actualmente el problema parece tomar vías de solución y lo mismo ocurre con las diferencias internas. Esto permitió que altos funcionarios de Aduanas hayan empezado los recorridos por las 49 aduanas del país, a fin de supervisar su funcionamiento y/o avisar a los administradores respecto de sus relevos y cambios a otras aduanas.
Sin embargo, el tono que se lee en el oficio que la titular del SAT le envió al responsable de las aduanas no deja lugar a dudas respecto de su enojo:
“Se le exhorta amablemente a no caer en alguna otra desatención, como en la que incurrió el pasado 16 de enero, cuando la AGRS le comunicó la decisión de la SHCP de separar del cargo al Administrador Central de Investigación Aduanera, y se hizo caso omiso de dicha instrucción.
“Confío en que coincidamos en la importancia de refrendar la solidez institucional del SAT y en la necesidad de mantener un ambiente organizacional saludable, por el bien de la administración. De esa manera el trabajo conjunto será fructífero por el bien de México”.
(SIN EMBARGO.MX)