Alvaro Cepeda Neri
I.- El desastre que representan los homicidios, secuestros, desplazamientos, feminicidios, etc., cuantitativamente está igual que antes con el peñismo; ¿o será que ahora está peor? De la periferia al centro, o sea de los estados a la capital del país, los mexicanos sobreviven con sus muertos, al ataque de todas delincuencias. Es una sangrienta barbarie. Los llamados a ser “buenos” por parte del Presidente de la República, sólo son un “clamor en el desierto”. Pues siguen sin parar los crímenes en todas sus clasificaciones penales; y hasta parece que han aumentado. Hay familias diezmadas. Se multiplican los violentos ataques a niñas, adolescentes y mujeres adultas. No se detienen, tampoco, asaltos y disparos de muerte contra hombres de todas las edades. El recientemente creado Estado 32 con el nombre de Ciudad de México al igual que el resto de las entidades que conforman nuestra Federación, están en poder de infinidad de bandas y sus sicarios que matan por matar.
II.- Y es que los nuevos funcionarios, con la espada desenvainada contra el pasado inmediato, no han logrado imponer un mínimo de paz social en el desatado anarquismo del populismo que se ha convertido en caldo de cultivo de una mayor violencia. Detener la violencia sangrienta es de fundamental prioridad, pues ya no pueden los mexicanos resistir las embestidas del salvajismo que los priva de sus vidas. O los deja malheridos o despojados de sus bienes. Si bien el peñismo dejó un terrible desastre delincuencial, a 100 días del nuevo presidencialismo no hay justificación para que al menos no se hayan detenido todas las violencias que aterran a la población; la que en su angustia y sufrimiento pide, demanda, exige, que en lo que compete al gobierno federal éste debe actuar para cumplir con su obligación de garantizar la máxima tranquilidad social. Si esto no se cumple, de nada vale recetarnos logros y promesas, pues éstos dependen de la paz social. Por lo que es claro que parar las violencias y a sus autores, es un requisito primordial.
III.- De lo contrario, habrá de surgir inevitablemente la violencia popular como respuesta para autodefenderse, aumentando los casos en que se haga justicia por propia mano sumiendo al país en un caos. El imperio de la ley ha de ser la única vía para rescatar la paz social que se ha perdido y tiene a la población atrapada en un grave desorden, donde las delincuencias han impuesto el crimen como terrorismo; rompiendo de tajo los lazos de la convivencia pública y quebrantando la privada con amenazas cumplidas. Las calles se han vuelto espacio de matones, de ladrones, de los “maras” que se hacen pasar como migrantes y ya penetran desde la frontera Sur al resto del territorio. Así que ésta es una violencia de mil cabezas y miles de tentáculos con armas de alto poder. Por lo que el reclamo de la sociedad civil es que de inmediato se detenga esa epidemia –catalogada ésta como: daño o desgracia que afecta a gran parte de una población y que causa un perjuicio grave–, o la violencia popular asumirá las funciones que los gobernantes no están cumpliendo.
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