Adela Navarro Bello
A Emilio Lozoya Austin no lo persiguió el Gobierno. De hecho fue protegido en distintas ocasiones por lo que fue la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial durante el sexenio pasado del cual formó parte.
A Lozoya, a saber íntimo amigo de Luis Videgaray Caso y Enrique Peña Nieto, ex Secretario de Hacienda y ex Presidente de México, respectivamente, lo persiguieron los actos de corrupción que fueron evidenciados a través del periodismo de investigación en México, y en cortes brasileñas en el juicio del que resultarían presos y sentenciados altos ejecutivos de la compañía Odebrecht.
Eso sucedió hasta que finalmente y como lo anunció hace unas semanas el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, la justicia mexicana pudo alcanzarle. Liberada una orden de aprehensión en su contra por delitos como lavado de dinero, luego que le fueron congeladas sus cuentas, así como las de su hermana y su secretario particular en Pemex –entre otros–, se emitió la orden de captura contra la que, por supuesto, ya presentó un amparo, según informó su abogado Jesús Coello Trejo.
Quien no alcanzó a solicitar la protección de la justicia fue el director de Altos Hornos de México, Sociedad Anónima, Alonso Ancira Elizondo, quien desde años atrás vivía en el exilio y fue aprehendido el martes 28 de mayo en Palma de Mallorca, por la misma causa por la que se busca al ex director de Pemex.
La investigación en torno a Lozoya se da en un momento en que México atraviesa por una transformación en la procuración de justicia al eliminarse la Procuraduría General de la República e instaurarse la Fiscalía General de la República, que aún sin todas las características de autonomía e independencia que se esperaban la integraran, es una entidad ya no en el ala de la Presidencia de la República.
Así, mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador parece haberse reconciliado con quienes antes tachó como la mafia del poder, o con quienes acusó de corruptos, dado que los primeros forman parte de su consejo de asesores y a los segundos los desapareció del discurso en el debate nacional, es evidente que si hay un sector que conocía de las tropelías de Lozoya y fue ignorado en el pasado, y hoy es vapuleado por el mandatario nacional, es el periodístico.
Las investigaciones realizadas por el conglomerado de periodistas Quinto Lab sobre los casos de corrupción entre funcionarios mexicanos y la brasileña Odebrecht, o las transacciones irregulares entre Pemex y Altos Hornos de México, S.A., fueron efectivamente dadas a conocer a partir de amplios reportajes cuyos elementos aun cuando podrían haber sido parte de un proceso formal de investigación, fueron ignorados en el sexenio anterior.
En fechas recientes el Presidente de la República emprendió una batalla abierta contra periodistas y medios de comunicación. Aunque después del discurso polarizador va su aclaración que no se trata de todos, los ha llamado el hampa periodística, y los acusa de orquestarle campañas para evidenciar las irregularidades, omisiones o acciones de su gobierno que terminan perjudicando a muchos, por ejemplo, en el sector salud y en el sector educativo.
El Presidente no ha sabido ni ha podido diferenciar entre aquellos que en los medios de comunicación venden la línea editorial al mejor postor, sea del PAN, del PRI o ahora de Morena, y aquellos que ejercen la libre expresión haciendo un oficio de investigación y que venden espacios de publicidad sin comprometer la línea editorial.
Los primeros se quedan callados, los segundos son quienes desde las salas de redacción evidenciaron en el pasado los casos de Odebrecht, la Estafa Maestra, la Casa Blanca, y el número de ejecutados en el país como parámetro para medir no sólo la violencia que todavía en estos días hiere a México, sino la impunidad que es el verdadero origen del crimen.
La evidente intolerancia a la crítica por parte de quienes encabezan el Gobierno Federal –no es exclusiva esta actitud del Presidente de la República– contrasta con la investigación que ahora desde la Fiscalía General se lleva a cabo para confirmar lo que fue denunciado en la prensa: que en PEMEX y en el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se presume que hubo actos de corrupción que hicieron ganar a muy pocos en detrimento de muchos.
Útil sería que, desde la presidencia, se emparejara el discurso hacia la preponderancia de la aplicación de la justicia por encima de la descalificación mediática. Incluso en el caso de los periodistas y medios, si no hay convenios, testigos, referencias, de que hayan cumplido con lo pactado a cambio de recibir pagos millonarios, que se denuncie el caso, que se investiguen los hechos particulares antes de pronunciar una desacreditación generalizada.
Sin el compromiso del Gobierno de la República, aun cuando con una participación activa de una dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como lo es la Unidad de Inteligencia Financiera que titula Santiago Nieto, el caso Odebrecht denunciado por periodistas, terminó en los juzgados y fueron liberadas órdenes de aprehensión que incluyen a los dos influyentes hombres, Lozoya y Ancira, de quienes un reportaje de Ignacio Reyna de Quinto Lab, dio cuenta de su liga al adquirir el de Pemex al de Altos Hornos la empresa Agro Industriales, S.A., y de las transacciones millonarias de estas firmas a las cuentas desde las cuales Odebrecht, de acuerdo a las declaraciones de los ejecutivos de la misma, había depositado millones de dólares al ex funcionario mexicano.
Hoy México procesa un caso de impunidad que puede llegar a su fin, cuando se tiene por primera ocasión la oportunidad de hacer justicia ante quien ha sido en sobradas ocasiones, denunciado por la prensa por actos de corrupción y fue protegido del Gobierno.
El momento también es oportuno para que el Presidente de la República retome el discurso contra los corruptos, y aclare a quiénes se refiere con el hampa periodística, que de antemano se sabe no son quienes han realizado durante los últimos sexenios, periodismo de investigación, que no han comprometido su línea editorial, distanciada de los convenios de publicidad porque esa es su naturaleza periodística.
La justicia puede avizorarse en México, pero ojalá se concrete. En todos los casos que siguen pendientes. Después de todo a eso se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su campaña.
(SIN EMBARGO.MX)