Democracia transicional

Gerardo Fernández Casanova

El cambio de régimen implícito en la 4T incluye una concepción y una práctica democráticas diferentes a las del antiguo sistema, más aún cuando el electorado otorgó una votación excepcionalmente mayoritaria a la propuesta transformadora incluyendo al Ejecutivo y al Legislativo, cosa no conocida en México desde 1997. El Presidente López Obrador se ha esmerado en la adopción y la expresión de símbolos marcadores del cambio; el propio simbolismo del Informe Presidencial registró las modificaciones del caso: una más que mesurada propaganda relativa al tema; la entrega por la secretaria de Gobernación del Informe de Actividades en un solo tomo manejable y con información sustantiva; un acto austero de mensaje numerado como tercero para identificarlo más como el informe trimestral que ha querido adoptar López Obrador, sin salutación (besamanos) ni cadena nacional televisiva. Otra cosa pues y sin problemas.

Hay asuntos que están haciendo ruido en este afán transicional: la elección del presidente de la Cámara de Diputados; la ampliación del período de gobierno en Baja California y la separación del cargo del Fiscal General en Veracruz. Tengo comentarios que hacer.

La presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados es una posición relevante, más allá de la simple moderación de las sesiones plenarias; es la representación del Poder Legislativo y también es determinante en el desahogo de la agenda. Hasta 1997 la posición fue siempre ocupada por un priísta por votación mayoritaria absoluta; después de esa fecha la Cámara no volvió a registrar a un partido con mayoría absoluta, sino que se dividió entre los tres principales partidos (PRI, PAN y PRD) sin que alguno pasara de la mayoría simple (50%) lo que provocó que la elección del cargo de presidente se complicara año con año, hasta que se adoptó una fórmula salomónica: cada uno de los partidos ocuparía un año de los tres que dura la legislatura, en orden descendente de mayor a menor, comprometiendo el voto de las bancadas en ese mismo sentido; tal acuerdo se incorporó a la Ley Orgánica del Congreso. A partir de 2018 la circunstancia cambió dado que MORENA obtuvo la mayoría y en coalición alcanza las dos terceras partes, pero no se atendió oportunamente la corrección legal antes dicha, sino hasta pocos días antes de la renovación, lo que provocó una muy incivilizada protesta de la bancada del PAN que, con 18% del total de diputados reclamó la ocupación del referido cargo. Una intervención presidencial destrabó el conflicto mediante la aceptación de la exigencia panista. Tal intervención fue indebida, aunque destrabó un conflicto que llevaría a la parálisis legislativa cuando hay muchos asuntos pendientes de procesar. Destaco el talante conciliador del Presidente, aún frente a una jauría insolente que hace todo por echarlo del poder, incluso mediante la intromisión de la OEA.

En Baja California hay conflicto con la expedición de una ley para extender el período de gobierno hasta 2024, que es una aberración jurídica por hacerse con posterioridad a la elección, vale la pena conocer los antecedentes. Originalmente se propuso ajustar la fecha electoral al 2024 junto con la presidencial, lo que daba una duración de cinco años a la siguiente administración gubernamental; al preverse el triunfo del candidato de MORENA, se legisló para cambiar la fecha electoral sólo hasta el 2021 y alinearse con el proceso federal de renovación de la Cámara de Diputados, y así quedó, con una ineficaz administración de dos años. La modificación a la ley es pertinente pero ilegal. Ni modo. Todo me dice que en un gobierno decente se aprovechan los malandrines (léase Marko Cortés del PAN).

Veracruz atraviesa un serio conflicto entre el gobernador y el Fiscal General de Justicia, nombrado éste por el anterior gobernador con carácter de independiente y 9 años de duración; una herencia envenenada y perversa del malhadado Miguel Angel Yunes, prianista y gordillista, al gobierno de Cuitláhuac García, de MORENA. El conflicto llegó al extremo de la liberación de delincuentes entregados por la policía estatal, con una clara acción obstructiva de la justicia cometida por el mismo fiscal del estado. Luego de gruesos enfrentamientos, la Comisión Permanente del Congreso local dictó una suspensión provisional del fiscal, fincada sobre argumentos de dudosa eficacia. Se abre un tiempo de pronóstico reservado en que el defenestrado fiscal se defenderá hasta con los dientes, apelando a su independencia y suponiendo inamovilidad. Lamentablemente el conflicto será llevado a la calle, con la delincuencia organizada desestabilizando al gobierno en beneficio del ex fiscal, su protector. Mi pésame anticipado a las víctimas.

Correo electrónico: gerdez777@gmail.com