Guillermo Fabela QuiñonesApuntes
La necesidad imperiosa de que el país logre una gobernabilidad razonable y una estabilidad económica que sirva de contrapeso a las desigualdades sociales, obliga al presidente López Obrador a que siga la advertencia que externó durante la conferencia mañanera del martes: “Hay cosas donde debe prevalecer el sentido común, el buen juicio”. En este momento es vital ponderar la trascendencia de guiar el rumbo de la nación por ambas virtudes que han permitido la supervivencia de la humanidad.
A estas alturas de su mandato, puede afirmarse que tiene los elementos suficientes para valorar qué tanto le falta o le sobra en cuanto se refiere a sentido común y buen juicio en las decisiones más trascendentes de su programa de gobierno. La noche del Grito de Independencia, en el Zócalo, más de cien mil ciudadanos patentizaron su apoyo incondicional al mandatario. Fue un plebiscito nunca antes visto en la máxima plaza pública del país, ampliamente favorable al presidente de la República.
Asimismo, fue una advertencia a la cúpula oligárquica de que López Obrador “no está solo” sino que sigue teniendo la confianza de la mayoría de los ciudadanos. Esto es un capital político que sólo Evo Morales, en América Latina, puede presumir. Sin embargo, las particularidades de México lo hacen proclive a mayores riesgos en la medida que las contradicciones del régimen no logren superarse “con sentido común y buen juicio”.
El presidente de Bolivia lo logró, en condiciones muy desfavorables, porque desde un principio de su primer mandato decidió “tomar el toro por los cuernos”. Por supuesto, en México es impensable por ahora que el Ejecutivo actúe de ese modo, pese a que sigue acompañado por la mayoría del pueblo. Pero las masas aquí no tienen poder, ni político ni mucho menos económico, luego de muchas décadas de total entreguismo de la alta burocracia en turno a los designios de una minoría privilegiada.
Es preciso que, en el año 2020, el Ejecutivo consolide las condiciones objetivas que le permitan actuar con sentido común y buen juicio, no sólo en las negociaciones con organismos sindicales sino con la elite oligárquica, la cual conforma un poder fáctico que ha sabido utilizar con toda la fuerza de que es capaz. En este momento ha sido muy cauta, pero sin abandonar ni un solo día su voluntarismo de frenar la Cuarta Transformación. Perderá la prudencia en la medida que confirme que el mandatario prefiere el camino de frenar él mismo la marcha de su proyecto de nación que correr el riesgo de confrontaciones más serias con ellos, los oligarcas más reaccionarios.
Obrar con sentido común y buen juicio es ponderar qué tanto seguir con la política de austeridad. Es factible que a la fecha debe tener ya una información verazmente razonable del trasfondo de los subsidios que se iban por el caño de la corrupción. No deben seguir pagando justos por pecadores, menos cuando algunos sectores de las elites oligárquicas mantienen sus privilegios, como los banqueros y los importadores de combustibles.
Afectar sectores prioritarios, como la educación, no es obrar con sentido común y buen juicio. Es un hecho que los tecnócratas abusaron de los subsidios, pero ponerles fin de golpe no es prudente, menos cuando se lesiona a los más débiles, como el recorte de 40.5 por ciento a los pueblos indígenas.
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