María Teresa Jardí
Me repito: Gobernar bien es una obligación, no es un mérito. Los ciudadanos, representantes del pueblo en la urnas elegimos y mandatamos, a los que se proponen para ocupar el cargo, otorgándoles el derecho a servirnos. Servir bien es por tanto una obligación inherente al cargo. Y no amerita ni debe buscar el aplauso quien cumple con el deber por él buscado.
El pacto social se firma para, contratando los más y sirviendo los menos, cumplir cada uno con el cometido que a unos se asigna por el resto mayoritario que lo mandamos. Y el primer justificante de la firma de ese pacto y de la existencia del gobierno es la obtención por parte de los gobernados de la seguridad pública, nacional y social como trilogía garante de la vida digna para todos.
Seguridad pública en cumplimiento del más elemental de los derechos y de la primera de las garantías: comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otro. El que asesina debe ser castigado. Y para eso los gobernantes ponemos la obligación de castigar al que incumple, en manos del gobierno. Sin el cumplimiento de esta premisa no hay Estado de Derecho.
Seguridad nacional para cuidar fronteras del invasor extranjero. Entrando en los invasores las depredadoras empresas nacionales y transnacionales extractivistas con toneladas de dinero, mal habido, para comprarlo todo corrompiendo y destruyendo.
Los migrantes no son enemigos y es una vergüenza el trato que se les está dando en México por el gobierno que se sueña 4T y que se empeña en demostrar que es la 4 transformación del PRI.
Los Trump y los Bolsonaro, los Larrea, los dueños de Bayer/ Monsanto y sus empleados los Romo y los Villalobos, Coca-Cola, Nestlé y Bimbo... son enemigos de México y de la humanidad.
Seguridad social que tiene que ver con prevención de las enfermedades y con la garantía de atención a las mismas por médicos y con medicinas de igual acceso para todos y debería saber AMLO que la medicina supone una vocación de entrega al otro, los médicos de mi familia que han trabajado en el sector público y los muchos otros que he conocido en ese sector desde siempre han comprado medicamentos e instrumentos de trabajo para sus pacientes. Insumos que el gobierno tenía y tiene la obligación de proveer para la atención de los enfermos.
Cumplidas estás tres premisas elementales hay otras de obligatorio cumplimiento para los gobernantes. Propiciar justicia y paz. Siempre la justicia por delante. Salvaguardar del despojo a los gobernados. Lo mismo da que sea cometido por un particular, que por una empresa nacional o transnacional aliada, por lo que toca al Sureste, con gobernantes y empleados de esos gobernantes que dan vergüenza. Malas noticias para un país tan agraviado como el nuestro las de que se expropiarán terrenos, si las comunidades no aceptan la limosna que se les quiera dar a cambio de sus territorios para construir el mal llamado Tren Maya.
Pareciera que se busca propiciar otra guerra. La que una vez desatada se tornará en incontrolable. Desoír que la ira contenida a la menor provocación se desborda es muy mala idea. Otra traición y la nueva injusticia que con ella conlleva va a desatar otra guerra que no la para ni Dios, suponiendo que exista.
Un millón de eólicas o fotovoltaicas sembradas donde el maíz es vida, garantizan la muerte y el fin de los pueblos indígenas que con el derecho absoluto que les otorga la razón, otra vez van a defenderse.
El Plan Puebla Panamá es un capricho del imperio yanqui que, para desgracia de México, tenemos por vecino. Pero no es Trump ni sus antecesores Bush y otros ni que los que le sigan los que van a acabar en el basurero de la historia. Los gobernantes yanquis hace tiempo que ahí se encuentran. Y AMLO va a acompañarlos, como la crónica le anuncia, si no se toman medidas raudas para revertir lo que en Yucatán, en manos del PAN, ocurre con el visto bueno de MORENA que se juega la última oportunidad de alcanzar el prestigio tan a la baja en el resto de partidos.