María Teresa Jardí
Escribe Dolia Estévez, en nuestro diario POR ESTO!, en una colaboración publicada en referencia al juicio que se sigue por los yanquis a Genaro García Luna, que: “… El poderío de los carteles mexicanos no viene de la violencia y su capacidad destructiva, sino del poder político que los protege. Si el mundo externo de la política no se coludiera con el mundo subterráneo, las organizaciones delictivas no tendrían poder...”. Así es. Sin la protección de la mafia política el pueblo mexicano y los extranjeros que aquí habitan no habríamos sido condenados a vivir la violencia que ha llegado a niveles inauditos de barbarie.
Por la inseguridad instaurada como forma de vida para los mexicanos el PRIAN dejó de ser. En contra de la inseguridad masivamente salimos millones a echar a la calle al PRI votando por MORENA.
La inseguridad rompe el pacto social. En el vecino país norteño empieza a generar la ruptura del pacto la decisión de Trump que pone en mayor peligro la seguridad del pueblo estadounidense.
Todo es política. La vida misma está inmersa en la política. Todo gira alrededor de la o lo político por más que se piense y se diga otra cosa.
Y del ejercicio retorcido de la política, da cuenta el polémico cobro “para brindar seguridad” que se pretende hacer en el recibo de la luz por parte del gobierno en Yucatán.
El ejercicio correcto de la política pasa por la garantía de brindar seguridad para los gobernados como el presupuesto imprescindible para justificar la existencia de los gobiernos. El derecho a la seguridad es un derecho humano y un derecho político. Y es obligación, irrenunciable, de los gobiernos, propiciar seguridad para los gobernados. El derecho a la seguridad no es una mercancía que pueda venderse ni ofertarse para ser comprada.
Votamos por MORENA hartos de la mentiras del PRI y del PAN y no se vale que hoy se compinchen el PAN y MORENA, en Yucatán, de entrada, a lo mejor está acordado que luego se exporte a otros lugares, el curioso cobro que bien se podría considerar como cobro de “derecho de piso” al estilo de los que los mafiosos han establecido en México para comerciantes y dueños de negocios pequeños que no quieran morirse de manera violenta.
Las cámaras sirven para espiar. Para los amigos las cámaras se desconectan cuando aparecen en ellas aunque estén cometiendo delitos.
Las cámaras sirven para espiar a los activistas, a los vecinos, para saber si las mujeres van al salón de belleza a la hora de hacer la comida o si no asisten los hombres a misa...
Las cámaras no sirven para controlar ni la violación ni los feminicidios. Las cámaras sirven para castigar a las mujeres que pintan piedras, heridas por la violación y los feminicidios.
Muchas preguntas remiten al pago de facturas entre partidos. Preguntas sin respuesta claras que cuestionan la debida intención de establecer en el recibo de la luz un cobro con cargo al pago por la seguridad.
¿El pago de la luz ya no es un pago federal? ¿Cómo le va a regresar la Federación, encabezada por MORENA, al estado de Yucatán, encabezado el gobierno por un panista, el dinero producto de ese cobro? ¿Negocio del gobierno local o cobro de AMLO para obtener dinero? ¿Otro pago por la permisividad panista a los megaproyectos del gusto de Romo? ¿Un pago más por el permiso para el destructor tren mal llamado Maya? ¿Pago por el permiso a las contaminantes granjas de cerdos? ¿Pago adelantado por el exterminio a los pueblos mayas originarios? ¿Pago por la recepción como obreros, esclavos constructores, de las vías del tren, de los migrantes que esperan el traslado hacinados en Tapachula?