Por Jorge Gómez Barata
No existe ningún lugar donde la designación de un juez sea tan relevante como en los Estados Unidos, cosa que se evidencia con el debate en torno a la propuesta de Amy Coney Barret para jueza del Tribunal Supremo. Ello se explica porque no hay país donde un juzgado tenga los súper poderes de la Corte Suprema de Estados Unidos que, en algunos asuntos fundamentales para la sociedad es omnímoda. Solo ella y el Papa son infalibles.
De los tres poderes que integran el estado en los Estados Unidos, legislativo, ejecutivo y judicial, el último es el menos democrático y transparente, el único cuyos actores no son electos y detentan sus funciones de por vida y cuyas decisiones son inapelables. Nadie fiscaliza ni juzga a los jueces del Supremo. El Presidente los propone y el Senado los aprueba, pero ninguno puede destituidos ni jubilarlos.
En ningún campo la Corte Suprema influyó tanto ni adquirió mayores responsabilidades históricas que el tema de la esclavitud y la cuestión racial. Esa andadura comenzó cuando 1857, al juzgar el conocido caso Dred Scott contra Sanford, el alto tribunal estableció que: “Cualquier persona descendiente de africanos, ya sea esclava o libre, no es ciudadana de los Estados Unidos de acuerdo con la Constitución” Esa sentencia fue una de las causas de la guerra Civil y la razón por la cual, mediante la Decimotercera Enmienda (1865), Lincoln se vio obligado modificar la Constitución.
La Corte Suprema fue todavía más lejos. A pesar de la constitucionalmente la esclavitud fue abolida en 1865 y en 1868 dispuso la ciudadanía por nacimiento y el trato igualitario, tanto el Congreso como los presidentes que gobernaron entre Lincoln y Truman, se abstuvieron de dictar leyes federales complementarias para hacer cumplir esos derechos. Durante un siglo, las legislaturas de los estados sureños, dictaron leyes que establecieron la doctrina: “Iguales, aunque separados” que ampararon legalmente la segregación racial.
Aunque la Corte Suprema ya había dictado algunas sentencias contrarias a la discriminación racial, en la década del cuarenta del siglo XX se desmintió cuando amparó jurídicamente el internamiento de ciudadanos japoneses en campos de concentración.
En 1942, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, el presidente Franklin D. Roosevelt emitió la Orden Ejecutiva 9066 mediante la cual, presumiendo que los japoneses étnicos y sus descendientes radicados en Estados Unidos, podían conspirar a favor de su país de origen, dispuso su internamiento en establecimientos destinado a ese fin y decretó un toque de queda que afectó sólo a los americanos japoneses.
Con facilidades mínimas, rodeados de alambre de púas y bajo custodia militar, se construyeron 10 campos en los cuales se encerraron a 120.000 personas de origen japonés, 70 mil de los cuales eran ciudadanos estadounidenses, muchos nacidos en los Estados Unidos, otros habían llegado de Brasil y Argentina, muchos no habían estado nunca en Japón ni hablaban esa lengua.
Sin haber cometido delito alguno aquellas personas debieron deshacerse de sus propiedades y permanecieron prisioneros durante tres años. Algunos enfermaron de nostalgia, hubo suicidios y varios fueron baleados mientras intentaban escapar. Ante tanta arbitrariedad varios condenados, apelaron a distintas cortes federales, incluso ante la Corte Suprema de Justicia. Entre los más destacados estuvieron: Fred Korematsu, Gordon Hirabayashi y Min Yasui. Todos los tribunales de distrito y circuitos de apelación que conocieron los casos, incluida la Suprema Corte, fallaron contra los demandantes.
La detención de los americanos japoneses, no sólo violaba el espíritu y la letra de la 14° Enmienda, sino el derecho al debido proceso, así como otros preceptos constitucionales. Concluida la guerra, el presidente Truman ordenó el cierre de los campos y puso fin a la segregación racial en las fuerzas armadas. Cuarenta años después el gobierno de los Estados Unidos pidió perdón oficialmente a los japoneses americanos sobrevivientes de los campos de concentración que fueron compensados económicamente.
Algunos casos fueron reabiertos y las sentencias anuladas argumentando “mala conducta del gobierno”. En 2012, en una acción simbólica, el presidente Barack Obama entregó a uno de ellos la Medalla Presidencial de Libertad.
La Corte Suprema de los Estados Unidos ha tenido momentos brillantes, otros no tanto.