Por Roberto Rock L.
El presidente López Obrador ha determinado posponer la decisión de saludar el triunfo de Joe Biden como próximo presidente de Estados Unidos hasta el 14 de diciembre —dos semanas más—, cuando los consejos electorales cubrirán la formalidad de declarar ganador. También ordenó al gabinete frenar todo contacto entre su administración y el equipo entrante en Washington.
El plazo, que coincidirá con el fijado por Donald Trump para asumir su derrota, está sometiendo a una seria tensión a virtualmente todas las áreas del equipo presidencial —desde cancillería hasta Medio Ambiente, pasando por Economía, Gobernación y fiscalía federal—, que tienen a su cargo una enorme agenda binacional.
De este hecho tomaron nota hace días los corrillos en la capital norteamericana, cuando se rompió abruptamente un inicio de diálogo entre actores del gobierno López Obrador y Julissa Reynoso, una mujer de modesto origen en la República Dominicana, que despuntó tras migrar a Nueva York, graduarse como abogada en Harvard y construir una sólida carrera diplomática que la había ubicado hasta hace semanas al frente de la embajada en Uruguay, de donde fue llamada para encabezar al equipo de trabajo de Jill Biden, la próxima primera dama en la Unión Americana.
Esta atmósfera de inconexión, según expertos de ambos países consultados por este espacio, ha sembrado el mismo clima que acompañó la llegada a la Casa Blanca de Bill Clinton, en enero de 1993, luego de que el gobierno Salinas de Gortari (1988-1994) había respaldado la finalmente malograda candidatura a la reelección de George Bush padre. Salinas supo que Clinton se oponía al TLC, ya aprobado, pero que no entraría en vigor sino hasta enero de 1994, en pleno declive del sexenio mexicano. Fue necesario aplicar parches de última hora al tratado, con apartados laborales y ambientales, entre otros.
Justo este mismo tipo de cuestiones parecen haber convencido a López Obrador de no aplaudir a Biden, pese a que la tradición marca que tendrán cuatro largos años para obtener logros. Quizá sean los únicos que, por edad, dure el liderazgo de Biden, por lo que acelerará decisiones. Este limbo está provocando la angustia de nuestro sector privado. El lunes 23, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, acudió junto a otros dirigentes a Palacio Nacional. El encuentro con el Presidente fue reportado con el tema de la ley contra la subcontratación, pero el eje básico fueron los nubarrones que la era Biden traerá, con inspecciones laborales y la continuidad de la política Trump de presiones a corporaciones norteamericanas que generen empleos fuera de la vecina nación.
Salazar Lomelín planea reelegirse el próximo año, tras el relevo en varias cámaras y agrupaciones del sector (entre ellas, Coparmex, de donde saldrá el controvertido Gustavo de Hoyos). Sin embargo, ha debido trabajar sobre piso resbaloso desde el inicio de su gestión, en febrero de 2019, casi a la par del comienzo del actual gobierno.
Una de las razones esenciales para su llegada al CCE fue, desde luego, que representa a los principales capitanes de empresa en Monterrey. El otro argumento de peso fue la presencia de su paisano el magnate Alfonso Romo como jefe de la Oficina de la Presidencia.
Pero el mítico grupo de “Los 10” grandes empresarios con asiento en la capital regiomontana lucen hoy disgregados por un complejo escenario en el que conviven las crisis económica, fiscal, política e incluso los problemas judiciales de algunos de ellos. Y Romo parece perdido ante lo que parece un vacío de confianza en Palacio. La mezcla se antoja venenosa.