En la conferencia del pasado viernes, el doctor López-Gatell respondió a una de las preguntas que se le formularon con las siguientes palabras: “En cuanto al color (del semáforo), es hasta cierto punto intrascendente. Alerta por COVID-19, emergencia por COVID-19. ¿Hay alguna duda?” Supongo que, con su respuesta, quiso advertir a la población que, más allá del color específico del semáforo, existe una situación general lo suficientemente seria como para que la población se resguarde, los negocios adopten restricciones y cada cual haga lo mejor que pueda para evitar contagios.
Sin duda alguna, recomendar a la población tales cuidados es bueno y oportuno. Sin embargo, la declaración emitida por el subsecretario de Salud es imprudente y contraria al orden jurídico. Es, por decirlo con las palabras apropiadas, completamente ilegal. Al realizarla, López-Gatell no solo claudica de sus funciones públicas de manera grave y amplía aún más su ya desgastada credibilidad, sino que también contraría mandatos jurídicos expresos lo cual puede dar lugar a la imposición de responsabilidades y sanciones.
El semáforo es una determinación jurídica tomada por el secretario de Salud mediante el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de mayo pasado. Su propósito general es establecer una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, y un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reactivación en cada entidad federativa y llevar a cabo las correspondientes acciones extraordinarias. En el mismo acuerdo se dispone que, a partir del 1 de junio, los colores del semáforo serán los determinantes de las medidas de seguridad sanitaria apropiadas para las actividades laborales, educativas y el uso del espacio público, entre otras. Si, por ejemplo, el color determinado por la autoridad es verde, no habrá restricciones para las escuelas, los espacios públicos y las actividades económicas generales. Si, por el contrario, el color determinado es rojo, quedarán completamente suspendidas las actividades escolares y los espacios públicos, pudiendo realizarse únicamente las económicas y las laborales a las que la propia autoridad sanitaria les hubiere asignado el carácter de esenciales.
Si el semáforo es un sistema de signos jurídicos, evidentemente no queda a la disposición de la población la elección de los colores ni la libertad para comportarse conforme cada cual decida. Todos estamos constreñidos a actuar conforme a las determinaciones que las autoridades sanitarias nos marquen, so pena de incurrir en responsabilidad. Cuando López-Gatell habló de la intrascendencia de los colores, en realidad actualizó dos supuestos normativos: el primero, desconocer la determinación tomada por su superior jerárquico; y, el segundo, invitar a la población a no observar una norma jurídica.
En anteriores colaboraciones he insistido en la grave situación que estamos viviendo con motivo de la pandemia, primordialmente por la falta de capacidad de nuestras autoridades para enfrentarla. Tanto, que considero que vamos a la deriva al haber perdido la comprensión general de los fenómenos y, con ello, no saber cómo enfrentarlos. Pero más allá de la deriva en la que nos encontramos, declarar con el carácter de autoridad acerca de la irrelevancia de las normas que ella misma ha emitido y que de alguna manera pueden ayudar a ordenar las cosas, es de una magnitud distinta, es sumamente irresponsable. No se está solo ante el no saber qué hacer, sino ante el desconocimiento de lo que podría servir para hacer algo. En concreto, asistimos al autosabotaje de las propias competencias asignadas y a la deslegitimación que la autoridad hizo de sí misma.
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Por José Ramón Cossío Díaz