En los días previos a las elecciones presidenciales en Estados Unidos cuando, a pesar de su arrogancia, el presidente Trump asumió que podía perder, se tornó más amenazador y agresivo, creando ambientes que hicieron temer que podía desatarse una “guerra civil”. Aunque afortunadamente no ocurrió así, los hechos han confirmado las peores presunciones, incluso hay quienes temen que el peligro no haya pasado.
Trump, que especuló con la suspensión o aplazamiento de las elecciones y desprestigió a las instancias electorales, recientemente acogió la maniobra más peligrosa al sumarse a la provocadora demanda presentada por el Secretario de Justicia de Texas, Ken Paxton, quien pidió a la Corte Suprema de Justicia anular las votaciones en los estados de Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin.
La maniobra hubiera significado desconocer la voluntad de más de 20 millones de electores, invalidando los 62 votos de los colegios electorales de esos estados que, por tratarse de un ejercicio concertado, asumió la forma de una conspiración para intentar una especie de “golpe de estado judicial”, que hubiera despojado a Biden de la victoria y entregado a Trump una victoria que en las urnas el pueblo le negó.
A la intentona, típica de las repúblicas bananeras, se sumaron 120 legisladores republicanos, 17 fiscales estaduales, otros tantos gobernadores, incluso se llegó a sugerir la formación de una especie de asociación que agrupara a los estados en los cuales ganó Trump. Desde la Guerra Civil la sedición no había estado tan cerca de consumarse.
A propósito, se ha recordado el infausto momento cuando en 1861, once estados, casi la mitad del país, desconocieron la Constitución, las leyes y las instituciones, se separaron de la Unión, tomaron las armas contra los Estados Unidos, incluso constituyeron otro estado con otra Carta Magna, otro congreso, un poder judicial propio e incluso otro presidente llamado Jefferson Davis, lo cual obligó a Abraham Lincoln a ir a la guerra para defender la unidad y la integridad del país. El precio fue altísimo, casi un millón de muertos y la ruina del Sur del país.
La inusual situación llevó a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, a declarar: "Los republicanos están subvirtiendo la Constitución con su asalto imprudente e infructuoso a nuestra democracia".
Por su parte, el congresista Bill Pascrell sugirió que, al amparo de la XIV Enmienda, en la cual se establece que: …No será senador o representante, ni compromisario… ni desempeñará cargo civil o militar alguno, bajo la autoridad de los Estados Unidos quien habiendo jurado defender la Constitución de los Estados Unidos, haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión contra los Estados Unidos…
Afortunadamente para el país, las instituciones, incluidos los mecanismos electorales, proporcionan al sistema político un blindaje que ha resistido los poderosos misiles lanzados por Donald Trump que todavía pretende burlar las defensas del sistema para perpetuarse en el poder.
Ningún ciudadano o líder estadounidense es más responsable por la protección de la Constitución y la preservación del orden democrático que el presidente de los Estados Unidos que, en la persona de Donald Trump, virtualmente está en rebeldía, faltando a sus deberes.
Por Jorge Gómez Barata