Al cumplirse el 103 aniversario de haber sido promulgada en el Teatro de la República, en Querétaro, nuestra actual Constitución se ha convertido en la más longeva que hayamos tenido en toda nuestra historia como país independiente, y también de Latinoamérica.
De todas las leyes fundamentales que previamente se han aprobado, la Constitución de Querétaro ha sido la más importante de todas, no sólo por su larga vigencia, sino además por el alcance de sus contenidos en materia de derechos sociales, ya que es considerada internacionalmente como la Constitución pionera en haber consagrado los derechos colectivos en favor de los trabajadores y los campesinos frente al poder del capital económico de aquellos tiempos, cuando la explotación laboral y rural no tenían contrapeso alguno.
Si bien es cierto que, tanto en los Estados Unidos como en Europa ya había leyes laborales que reconocían diversos derechos en favor de los trabajadores (como la huelga, la jornada de trabajo de 8 horas, el derecho de asociación y reunión, entre otras prestaciones), ningún marco normativo lo había logrado elevar a rango constitucional, como sí lo hicieron los constituyentes de Querétaro, con el fin de edificar una arquitectura institucional que formara parte del nuevo contrato social de la nación, como consecuencia de un movimiento armado que pedía la reivindicación de derechos en favor de los marginados.
En estricto sentido ésta no fue una proeza única de Carranza, sino de los diputados que fueron identificados como los radicales que estaban cercanos al obregonismo, como fue el caso de Francisco J. Mújica y, en cierta medida, Pastor Rouaix, quien tenía cercanía política con ambos bandos.
Como haya sido, lo relevante fue que lograron proponer y consensuar la introducción de una nueva figura que buscaba limitar el poder e influencia del capital privado contra los derechos de los menos favorecidos. Este hecho cambió la historia de las constituciones del siglo XX, porque anteriormente se habían creado únicamente como instrumentos de control político, para equilibrar competencias y funciones entre los poderes públicos, a fin de que ninguno tuviera más poder que otro, ni que pudiera invadir sus competencias. De igual manera, únicamente se reconocían los derechos políticos e individuales y no así los de orden económico y social. Por ello, la aportación de Pastor Rouaix fue idear nuevos mecanismos para reconocer los derechos colectivos de grupos vulnerables y, en segundo lugar, hacer valer la autoridad del Estado, para limitar eventuales abusos del poder económico.
Este primer antecedente desembocó en otras constituciones, como la de Weimar en la Alemania republicana y en otros instrumentos internacionales, estableciendo tiempo después lo que se conoce como el welfare state, el estado de bienestar que es un modelo ampliamente reconocido por la calidad e igualdad de vida que tienen determinadas sociedades. Claramente, en Querétaro no se ideó el actual estado de bienestar escandinavo, pero sin duda, fue el primer precedente que creció con el tiempo, hasta integrar en la mayoría de textos constitucionales contemporáneos, los principios, derechos, procedimientos e instituciones en favor de una justicia social que busca hacer menos desigual la conformación de una sociedad.
Algunos críticos han señalado que, en realidad, los artículos 27 y 123 de la Constitución de Querétaro eran parte de un dogma en favor del socialismo. No lo es y no lo fue, porque el modelo es ampliamente compatible con una economía de mercado y suscribe todos los derechos políticos y civiles que nos han sido heredados desde Londres, Filadelfia y París, a partir del siglo XVIII.
A más de un siglo de distancia, es justo reconocer la gran aportación que tuvieron los constituyentes de Querétaro, para crear un mecanismo que se volvió universalmente aceptado, para hacer que las sociedades vivan con mayor armonía y menos desigualdades, por medio de los límites que debe tener todo poder institucional o, de facto, en una democracia.
* (Cónsul General de México en Nueva York)