Dr. Ricardo Monreal Avila
El pasado 9 de febrero fue asesinada una joven de 25 años en la capital de nuestro país; quien perpetró el crimen fue su pareja sentimental. De acuerdo con lo informado por las autoridades y difundido por diversos medios de comunicación, los hechos ocurrieron después de una discusión entre la pareja y tuvieron lugar en el interior de un departamento de la alcaldía Gustavo A. Madero.
La gravedad de este feminicidio es aún mayor por la nula sensibilidad y humanidad de quienes, presentes en la escena del crimen, filtraron imágenes de los hechos, así como un interrogatorio realizado de manera clandestina a quien perpetró el delito, por parte de elementos policiacos, el cual fue difundido en redes sociales, causando, con justa razón, indignación entre la opinión pública, ante la evidente falta de ética de la o las personas responsables de las filtraciones.
En nuestro país, el índice de feminicidios creció en 2019 alrededor del 10.3 por ciento con respecto al 2018; esto representa un total de 1,006 delitos tipificados como feminicidios, en comparación con los 912 reportados un año anterior.
Lamentablemente y de manera preocupante, las agresiones en contra de las mujeres no disminuyen, al contrario, pareciera que a través de la cotidianidad de tan atroces hechos hay una tendencia a normalizar situaciones tan graves como la ocurrida el fin de semana pasado.
En México prevalece aún una ideología de dominación de género, la cual se está tratando de erradicar por medio de la educación y de la difusión de una cultura de respeto hacia las mujeres; al mismo tiempo, la lucha de los colectivos feministas adquiere una mayor justificación ante la gravedad del aumento de los feminicidios, del acoso del que son víctimas las mujeres, de las desapariciones forzadas y de la negación de su empoderamiento por parte de una sociedad culturalmente machista, la cual aún busca relegar la participación femenina de las esferas importantes de la organización social.
Su lucha, por tanto, es justificada, legítima y digna de ser acompañada por todos los sectores de la sociedad en nuestro país, para erradicar la cultura de la violencia en contra de las mujeres, tan arraigada en la vida cotidiana en México.
En este contexto de incesante y lamentable violencia, el gobierno federal busca endurecer las sanciones penales por delitos como el feminicidio ocurrido el fin de semana en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Recientemente, la Fiscalía General de la República presentó una iniciativa para poder procesar penalmente el delito de feminicidio en condiciones óptimas, evitando las divergencias ocasionadas por los distintos tratamientos en las legislaciones locales, por lo que ve a la tipificación, la cuestión procesal y los castigos de estos condenables actos, las cuales se dan en los siguientes ámbitos:
* En la aplicación de agravantes, que son consideradas como tipos básicos por algunas legislaciones.
* En la pérdida o no de derechos del sujeto activo respecto de la víctima. Una parte importante de las legislaciones no consideran este supuesto como parte de las sanciones; sólo una contempla que esa sanción se extienda no únicamente a la víctima, sino a los derechos respecto de las y los hijos en común, según sea el caso.
* La tipificación como delito cometido por servidores públicos, cuando se obstruya la procuración e impartición de justicia. Prácticamente la mitad de las legislaciones estatales en la materia no lo contemplan.
* Lo relacionado con los montos máximos y mínimos de las penas privativas de la libertad, pues existen grandes disparidades en este tenor en las diferentes legislaciones locales.
* En la exigencia o no del pago de una multa y su respectivo monto.
Ha habido confusión o malas interpretaciones respecto a tal iniciativa, puesto que la propuesta no considera la desaparición, disminución o relajación de penas ante la comisión de hechos constitutivos del delito de feminicidio.
Lo que se propone jurídicamente es su clasificación como homicidio “por causa de género” –por el hecho de ser mujer o por identificarse como tal–, lo que llevaría a considerarlo como homicidio agravado, con el fin de evitar complicaciones técnicas a merced de las divergencias encontradas en los distintos fueros, las cuales ocasionan un pobre desempeño en la procuración e impartición de justicia ante tales sucesos.
Por esa razón se propone uniformar a nivel nacional la descripción típica y demás aspectos mencionados con relación al delito de feminicidio en un título V de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues éste es el instrumento jurídico especializado con el que contamos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres.
El feminicidio es la manifestación más extrema de esa violencia y, por su gravedad, es necesario considerarlo como un delito especial que sea contenido en una legislación de aplicación general en todo el territorio mexicano.
Esta es la propuesta que tiene que ser revisada, evaluada, enriquecida y también criticada por todos los actores inmersos e interesados en aportar mayores elementos a la legislación, con el fin de abordar plenamente la delicada y lamentable situación que atraviesan actualmente las mujeres en nuestro país.
Desde el ámbito cultural, político y jurídico se deben redoblar esfuerzos para que situaciones tan indignantes como las descritas en estas líneas sean erradicadas totalmente de la vida en sociedad.
Todas y todos, sin excepción, estamos obligados a hacer desde nuestras propias trincheras el mayor esfuerzo para evitar que se siga violentando a las mujeres, para evitar que el homicidio de cualquiera de ellas se vuelva un objeto de deleznable morbo que aliente la insensibilidad y la indiferencia entre la sociedad.
No es un reto exclusivo del gobierno actual lograr erradicar la violencia en contra de las mujeres, sino un desafío para la sociedad mexicana en su conjunto: una deuda histórica que tiene consigo misma y que puede saldar, si hay voluntad y apoyo suficiente de las instituciones.
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