No es avance, es retroceso

María Teresa Jardí

“Imperativo, modificar el sistema de seguridad y de justicia del país”, escribe el fiscal Gertz Manero en una primera colaboración que promete ser análisis quincenal publicado en la Jornada. Y, sí, son espeluznantes los datos que da a conocer el fiscal: “… las cifras oficiales que señalan que, anualmente, se cometen 33 millones de delitos en México; y 99 por ciento quedan impunes; y, como consecuencia, las instituciones más repudiadas son las de seguridad y de justicia, así como las estructuras partidistas y los poderes públicos. Por ello es necesario enfrentarnos a esos dos basamentos perversos de corrupción gubernamental y de dominio delictivo, encarnados en la inseguridad y en la injusticia, en los que se apoyan el statu quo, el gatopardismo y los intereses que se han ido inmiscuyendo en esta situación tan grave de injusticia; y que, infiltradas desde el extranjero, amenazan y descalifican cualquier intento de cambio, para poder seguir imponiendo dogmáticamente sus contradictorias y ajenas soluciones, que ya han evidenciado su fracaso.…”.

Y es aún peor la cosa, me digo yo, la existencia del gobierno deja de tener sentido cuando no garantiza la seguridad. Y la seguridad es lo que marca las diferencias entre las democracias y las dictaduras y entre los gobiernos legítimos y los golpistas.

Coincido en buena parte con el análisis del fiscal que en la Jornada del lunes pasado pueden ustedes leer (https://www.jornada.com.mx/2020/02/24/politica/015o1pol) íntegro. Pero me alarma la parte donde el fiscal señala: “…que, infiltradas desde el extranjero, amenazan y descalifican cualquier intento de cambio, para poder seguir imponiendo dogmáticamente sus contradictorias y ajenas soluciones, que ya han evidenciado su fracaso...”.

Me alarma porque lo de “infiltradas desde el extranjero” nos remite a aquello de que el comunismo es el responsable.

Es tiempo de atender las causas por quienes hoy son los responsables de hacerlo. Y, sí, el pasado reciente fue un desastre. Y, sí, se dejó al país sin instituciones y con leyes a la medida del saqueo cometido por políticos y empresarios para y con los que gobernaban de la mano el PRI y el PAN cuando ambos se convirtieron en partidos neoliberales.

Se permitió la barbarie en aras de la corrupción convertida en regla de vida, trasladada al ejercicio de la función pública que desempeñaban los que detentaban el poder sin cortapisas sin pensar en el problema que se estaba gestando en México y por eso son imperdonables.

Pero el aumento en las penas lo que castiga es la miseria y no resuelve ni de lejos el problema que aquí pasa de manera urgente por la atención a la salud mental como política pública.

Qué bueno que el fiscal de la nación comparta con los gobernados sus avances y los retrocesos, que tendrá, y las zancadillas que le meterán. ¡Ojalá! y no se trate solamente de otra manera de justificar la legalización de la pena de muerte. Cuando los poderes legalizan la pena de muerte es el gobierno quien mata y el retroceso del Estado es evidente. La historia enseña que el aumento de las penas lejos de resolver lo que está mal, lo que no funciona, lo desatendido, muchas veces, encubierto por el gobierno, se convierte en venganza y se cometen aún más injusticias.

En situaciones extremas como la que México atraviesa por lo que toca a la seguridad pública desaparecida, lo que hay que buscar son las causas. El grito de alerta de las mujeres obligadas a salir a la calle a exigir el más elemental de los derechos: el derecho a no ser privadas de la vida, merece respuestas raudas que atiendan las causas de lo que al ser desatendido e incluso fomentado desde los tres Poderes y desde los tres niveles de gobierno se incubó en México.