Guadalupe Correa-Cabrera
A raíz de la intención de Donald Trump de cancelar la migración legal a los Estados Unidos para supuestamente proteger a los trabajadores de ese país como consecuencia de la pandemia del COVID-19, quedó clarísimo el papel tan clave que juegan los trabajadores temporales de origen extranjero (muchos de ellos mexicanos) en actividades consideradas como “esenciales”. No obstante las pretensiones originales del presidente estadounidense, la pandemia puso al descubierto la gran dependencia de la economía estadounidense hacia la mano de obra barata proveniente del Sur del continente. Los trabajadores temporales en la agricultura y otras actividades esenciales no serán nunca reemplazados por ciudadanos estadounidenses, para quienes el pago resulta extremadamente bajo y las condiciones inaceptables.
En este contexto, es preciso analizar la situación actual de los trabajadores temporales en los Estados Unidos, quienes llegan al país con una visa de trabajo que puede ser renovada de acuerdo con la necesidades agrícolas o industriales en ese país y a las decisiones de negocios de los empleadores, muchas veces grandes empresas transnacionales. En un primer intento por documentar esta situación, analizo la información proporcionada en una entrevista que realicé con miembros de la Alianza de Trabajadores del Pescado y el Marisco (Seafood Workers’ Alliance), una organización de base en el Estado de Louisiana enfocada en proteger los derechos de los trabajadores migrantes en dicha industria y determinada a luchar en contra de los trabajos forzados y los abusos en los centros laborales. La Alianza se forma en solidaridad con los trabajadores legales temporales (muchos de ellos mexicanos), pero es inclusiva y extiende sus redes de apoyo a migrantes indocumentados de diversas nacionalidades.
Conocí el trabajo de la Alianza en San Marcos, Texas, en octubre pasado, en el marco de una conferencia sobre esclavitud moderna, trabajo forzado y trata de personas organizada por el Departamento de Historia y el Centro de Estudios del Suroeste de la Universidad del Estado de Texas (Texas State University). Ahí pude conversar con Sabina Trejo, organizadora en la Alianza, y con Marta e Ismael, trabajadores temporales de origen mexicano, quienes han enfrentado serios abusos laborales y se encuentran luchando por sus derechos y su dignidad. Ellos realizan los trámites pertinentes para regularizar su situación migratoria en los Estados Unidos. Ambos llegaron a ese país con visas temporales de trabajo y me platicaron sobre la pesadilla que vivieron y que también viven muchos otros migrantes que llegan a la Unión Americana de forma legal y con la expectativa de trabajar y darles mejores posibilidades a sus familias.
Marta e Ismael ingresaron a los Estados Unidos con visas H2A y H2B, respectivamente (visas para trabajadores temporales agrícolas y no agrícolas), y me narraron su experiencia. Las historias que me compartieron son similares a las que viven miles de trabajadores mexicanos y de otras nacionalidades, quienes, como ellos, son esenciales para la economía del Coloso del Norte. Y ahora, durante la pandemia del COVID-19, su trabajo es quizás más importante que nunca. La experiencia de muchos de los trabajadores temporales en Estados Unidos que hacen a “América Grande” (America Great) es trágica muchas veces y las condiciones que enfrentan podrían equipararse, en ocasiones, a una “esclavitud moderna.” Para quienes estudiamos el tema de trata de personas, las historias de Marta e Ismael no nos parecen extrañas o desconocidas.
Los miembros de la Alianza me contaron sobre la realidad que ellos –y que muchos otros trabajadores temporales en la industria del pescado y el marisco, la agricultura y la construcción–enfrentan en los Estados Unidos al decidir emigrar bajo un esquema formal y legal. En su contrato se encuentran perfectamente bien estipuladas las condiciones de trabajo, los salarios, los horarios, los viáticos, un paquete opcional de vivienda y un período fijo (de 4, 6, 8 ó 12 meses) que podría extenderse o repetirse de acuerdo a las necesidades del empleador. No obstante los compromisos que adquieren las partes, muchos de los empleadores no cumplen con los mínimos establecidos en el contrato. Por el contrario, muchos violan flagrantemente lo estipulado, por así convenir a sus intereses y con el objeto de aprovechar al máximo la mano de obra de quienes deciden hacer los trabajos que muchos ciudadanos no están dispuestos a realizar por ser labores demasiado arduas y por llevarse a cabo en condiciones agrestes y nada convenientes.
El relato de Marta e Ismael es más que desafortunado y llega incluso a ser trágico. Ellos nos contaron que la realidad es mucho muy diferente de lo descrito en el contrato. Los migrantes temporales agrícolas y no agrícolas sufren abusos de todo tipo por parte de los empleadores y los supervisores de las empresas para las cuales trabajan. En muchas ocasiones, las jornadas de trabajo se extienden muy por encima de las ocho horas que se establecen por ley. Además, muchos empleadores no les proporcionan a su personal el equipo de trabajo necesario para operar en condiciones seguras. Los malos tratos, los gritos y las agresiones están a la orden del día y se registran frecuentemente incidentes de acoso sexual. Muchos(as) de los(as) trabajadores(as) prefieren guardar silencio, pues temen perder su trabajo, su estatus migratorio y podrían perder también la oportunidad de volver de nuevo. Ellos necesitan el trabajo y muchos desean mantenerse en Estados Unidos de forma legal; aceptan lo que sea con tal de no perder su trabajo ni su estatus migratorio.
Muchos deciden negociar la renta de la vivienda directamente con el patrón, pero en esa área se registran también innumerables abusos. Muchas veces las condiciones de vivienda son deplorables, según me describen y se les ofrecen espacios muy pequeños o inconvenientes. Es frecuente que en espacios muy reducidos o casas rodantes (les llaman trailas) diseñadas, por así decirlo, para cuatro personas, llegan incluso a acomodar 8 ó 10 personas. Marta me dice: “A veces sentimos que no nos consideran como seres humanos, sino como mercancía”. Por otro lado, la atención médica es muy deficiente y a veces cuando se accidentan o se les extiende una incapacidad, el patrón les obliga a que continúen trabajando y que se presenten a trabajar al día siguiente –sin importar el dolor o enfermedad. “A muchos que se accidentan, los regresan y no los vuelven a contratar.”
“La extensión de la jornada laboral sin goce de sueldo por horas extras es una práctica demasiado común”, según me comentan. No importa tampoco si las condiciones climáticas son muy severas. Algunos no reciben los viáticos acordados. Los abusos y las humillaciones son una constante y el miedo a perder el trabajo y su visa (y estatus migratorio legal) les hace aceptar cualquier cosa. Además, muchos no conocen las leyes del país, la mayoría no hablan inglés y el futuro de sus familias depende de ese trabajo. En realidad, los niveles de explotación a los que están sujetos muchos de ellos, así como el fraude (sin castigo) que cometen algunos empleadores, nos hace pensar directamente en el concepto de trata de personas. Muchos trabajadores temporales agrícolas y no agrícolas en Estados Unidos parecen vivir una especie de esclavitud en la era moderna. A muchos de ellos se les facilita el transporte y se les acoge en centros de trabajo donde el fraude y una especie de trabajos forzados (sin el pago de horas extra) los mantiene en un claro esquema de explotación. Dichas condiciones parecen ajustarse perfectamente a la definición de trata laboral.
Además de los abusos, la precariedad laboral y el temor que enfrentan muchos trabajadores migrantes temporales en Estados Unidos, es preciso destacar que cuentan con limitadísimas formas o redes de protección para hacer valer sus derechos. Sabina, Marta e Ismael describieron cómo muchos trabajadores se sienten indefensos ante un sistema formado por instituciones que operan en colusión para beneficiar al empleador, sin considerar los derechos y las demandas del trabajador. Se refieren a este sistema como un “monstruo de tres cabezas” que los paraliza y los aterroriza. Las cabezas del “monstruo” son: i) el empleador, 2) la policía local (o la oficina del sheriff), y 3) las autoridades migratorias (a las que se refieren como la “migra”). Así, patrones y “poli-migra” (combinación de las últimas dos cabezas de la bestia), operan en contubernio para asegurar una especie de esclavitud en la era moderna.
Por si fuera poco, el ataque del “monstruo de las tres cabezas” se complica debido a un cambio administrativo reciente o reorganización de funciones al interior del Departamento del Trabajo de Estados Unidos. La División de Salarios y Horas de este ministerio/secretaría –que entre sus muchas funciones mantiene a las visas H2A y H2B dentro de su área de competencia– decide transferir algunas de sus funciones al ámbito local. En caso de abuso grave, los trabajadores temporales que se encuentran laborando legalmente o que fueron despedidos y que perdieron su estatus pueden recurrir al Departamento del Trabajo y solicitar una Visa U (para víctimas de una larga lista de abusos) o una Visa T (para víctimas de trata de personas).
No muchos migrantes conocen sus derechos, pero aquellos que sí los conocen y se atreven a denunciar abusos, encuentran una opción viable en este tipo de visas. Anteriormente, la certificación, investigación (de la denuncia de abuso) y la aprobación de las visas se hacía directamente por parte de la agencia federal (el Departamento del Trabajo a través de sus oficinas regionales). Con el reciente cambio administrativo, ahora la investigación y la certificación del abuso se realizan por parte de las autoridades locales (la oficina del sheriff). Este nuevo proceso resulta mucho más tardado, según lo que me explicaron, además de que ahora se les deja a merced del “monstruo de las tres cabezas”. En ciertas ocasiones, el patrón guarda una relación estrecha con los sheriffs (cuyas campañas son algunas veces financiadas por las empresas). Y una forma de que estos dos actores ejercen presión adicional sobre el trabajador es a través de sus vínculos cercanos con la migra.
Ahora mismo, el proceso para la obtención de una Visa U o una Visa T es mucho más complicado que en el pasado. Pero no por ello Marta e Ismael se dan por vencidos; ellos son valientes guerreros. Con la ayuda de Sabina y otros organizadores y abogados de la Alianza de Trabajadores del Pescado y el Marisco, han decidido enfrentar al “monstruo”. Marta consiguió su Visa U y ahora es residente en los Estados Unidos (tiene una Green Card). Marta ayuda a sus compañeros. Ismael se encuentra peleando su caso. Los abusos que me confiaron fueron atroces. Esperemos se haga justicia. Confío en que el triunfo de ellos sentará un precedente. La lucha de ellos es por el bien de todos los trabajadores migrantes que hacen hoy, y han hecho siempre, a “América Grande”.
Y en solidaridad con ellos y con todos los trabajadores temporales mexicanos en Estados Unidos hagamos conciencia, contemos su historia y ayudemos en lo que podamos. Yo invito a los reporteros nacionales y extranjeros a cubrir estas historias de abusos laborales, trabajos forzados y trata de personas. Podríamos empezar comunicándonos con los compañeros de la Alianza de Trabajadores del Pescado y el Marisco en Louisiana (@SeafoodWorkers). El valioso trabajo de organizaciones como ésta necesita multiplicarse en todas las regiones olvidadas de la Unión Americana.
(SIN EMBARGO.MX)