María Elena Morera
La política migratoria en nuestro país ha sido, por antonomasia, una política de negligencia y abandono. La travesía que realizan miles de migrantes por el territorio mexicano es una auténtica pesadilla. En principio deben enfrentar las amenazas del crimen organizado que controla las rutas de tránsito y fronteras del país. No es tema menor. Basta recordar las atroces masacres de San Fernando y Cadereyta, en las que perdieron la vida más de 200 migrantes. A esto, habría que sumarle la histórica incompetencia de nuestros gobiernos reflejada en una casi nula asistencia y protección hacia los migrantes; instalaciones migratorias insalubres y sobrepobladas; y, en el peor de los absurdos, autoridades que también son una fuente de extorsión y amenaza.
La hipocresía gubernamental no es historia nueva: hemos exigido condiciones y trato digno y respeto irrestricto a los derechos humanos para los connacionales que cruzan al territorio estadounidense, pero replicamos e incluso agravamos, las malas prácticas (de las que derivan nuestras exigencias) con los migrantes nacionales y extranjeros que transitan por nuestro país. Sin embargo esta historia se ha agravado, por un lado, debido a la política del gobierno actual que ha endurecido, como ninguno otro, las acciones de contención y detención de migrantes y, por otro lado, debido a la pandemia que ha recrudecido los problemas de estancia en territorio nacional, en cuanto al tránsito y a los riesgos en las estaciones migratorias.
El gobierno estadounidense utilizó los aranceles como un instrumento de presión para replicar su política migratoria en México y, como resultado, el presidente López Obrador anunció el despliegue de alrededor de 15 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte y de 12 mil elementos en la frontera sur. El discurso electoral de Trump se convirtió en la política migratoria del gobierno mexicano. Contrario a los instrumentos internacionales que ha firmado el Estado mexicano en materia de migración, e incluso contraviniendo los planteamientos iniciales del propio gobierno que invitó migrantes al país y les ofreció trabajo, se decidió utilizar un cuerpo militar para contener, sin mucho éxito, a los migrantes en la frontera del país. Resulta preocupante, por decir lo mínimo, que un cuerpo militarizado sea prácticamente el único instrumento que tiene el gobierno para enfrentar un fenómeno tan complejo como es el migratorio.
Asimismo, conforme a los acuerdos firmados con Estados Unidos, a principios del año pasado, se implementó el Protocolo “Quédate en México”, a través del cual las personas que solicitan asilo deben esperar la resolución de sus casos en territorio mexicano. Derivado de este plan, se estima que actualmente hay 60 mil migrantes en espera en la frontera norte. Si estas acciones eran graves por sí solas, se han tornado críticas durante la pandemia. Lo anterior, porque tenemos grandes concentraciones de migrantes en el país, deportados o en espera de respuesta, sin opciones laborales y de sustento, resguardados en instalaciones insalubres.
Dada la crisis económica en Estados Unidos, podemos esperar un incremento en el flujo migratorio de retorno hacia nuestro país, al tiempo que continúen los flujos del sur al norte. Esto será inevitable y, sin duda, un reto mayúsculo para nuestro país, ya que también atravesará por crisis sumamente graves en materia económica y de seguridad. Si la obligación de actuar y resolver la crisis migratoria plasmada en nuestra Constitución, los tratados internacionales y las leyes no es suficiente para que el gobierno actúe, esperemos que la responsabilidad humanitaria lo sea, ya que el propio presidente López Obrador prometió tenerla hacia los migrantes cuando tomó posesión. Se entienden algunos grados de disimulo, pero hay acuerdos que no se deberían romper.
(Colaboró David Blanc Murguía).
@MaElenaMorera