Delfín Quezada Domínguez
El brote de COVID-19 ha afectado a todos los 17 Estados ribereños de México de forma repentina y dramática, impactando seriamente en sus comunidades causando una brusca desaceleración de la economía, lo que ha dado lugar a una situación excepcional en el país en general, y en Yucatán en particular, que hace necesaria la movilización de todos los recursos disponibles, para superar los retos sin precedentes relacionados con dicho brote.
El sector de la pesca y la acuicultura se ha visto especialmente afectado por las perturbaciones del mercado generadas por un descenso significativo de la demanda. A raíz del cierre de los puntos de venta, los mercados, las tiendas, restaurantes y los canales de distribución, los precios y los volúmenes han disminuido de manera sustancial. El descenso de la demanda y de los precios, unido a la vulnerabilidad y la complejidad de la cadena de suministro (productos perecederos e importantes necesidades de mano de obra), ha convertido en deficitarias las operaciones de las flotas pesqueras y la producción de pescado y marisco. Como consecuencia de ello, los pescadores se ven obligados a permanecer en los puertos y los acuicultores a mal vender sus productos o a perderlos en unas semanas, si no quieren hacer frente a unos costos excepcionales de gestión de las existencias, que incluyen más espacio y más alimentos para peces que se encuentran en la fase de engorde y que no pueden ser sacrificados debido al descenso de la demanda. El rápido descenso afecta especialmente a los operadores de la pesca costera artesanal y a los productores de pescado.
Dado que no es posible predecir el final de la crisis actual, ésta puede dar lugar rápidamente a una paralización de las actividades y de las empresas en un sector muy sensible a las variaciones cíclicas. Por consiguiente, puede tener consecuencias socioeconómicas dramáticas en determinadas comunidades en las que la pesca y la acuicultura desempeñan un papel fundamental. En México, las pesquerías costeras artesanales representan cerca del 80% de todos los buques activos y más del 55% del empleo directo; se trata de la actividad económica principal en numerosas zonas costeras. Los operadores de la pesca y la acuicultura, en su mayoría microempresas, a menudo carecen de reservas financieras para cubrir los costos en curso. Una vez que se paralice su actividad, quedarán interrumpidas las cadenas de comercialización.
Sin embargo, vemos con preocupación cómo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eliminó los estímulos fiscales a la gasolina y diesel marinos, según acuerdo publicado el pasado viernes 29 de mayo en el Diario Oficial de la Federación. Esto es un durísimo golpe a la economía del sector pesquero, pues el apoyo a este insumo reducía de manera importante los gastos de consumo y, por ende, de salida a los barcos de mediana altura. Y ni qué decir de los pescadores ribereños; esta medida los pondrá en el filo del abismo en este momento a ambos sectores. En esta medida tan absurda de eliminación de este estímulo a la pesca y a la acuicultura participaron; La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (antes SAGARPA), la Secretaría de Energía y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales quienes pusieron con la soga al cuello a los pescadores en este momento tan difícil
Pero lo más preocupante es la salida –no sabemos si salida política o caritativa– que se le ha dado a esta medida absurda en todos los ángulos que se le quiera ver. Se está justificando que en vez de los estímulos fiscales de la gasolina ribereña y del diesel marino quedará el Programa Federal BIENPESCA, el cual consiste en un estímulo de 7,200 pesos al año. Si a esta cantidad la dividimos por meses, le correspondería a cada pescador la suma de 600 pesos mensuales, es decir, ¡20 PESOS DIARIOS! Así es, la ridícula suma de 20 pesos, equivalente a un litro de gasolina al día. No sabemos quién o quiénes asesoran a los funcionarios de CONAPESCA actualmente, pero creemos que se está cometiendo un verdadero error y una tremenda injusticia para el sector, considerado una de las principales actividades para la Seguridad Alimentaria del país. Si se trataba de eliminar la corrupción que existía en la mala distribución de las tarjetas por parte de la SAGARPA, es decir, anterior a la administración de MORENA, se hubiera realizado una verdadera investigación sin lastimar la economía pesquera.
En estos tiempos de grave crisis es primordial salvar vidas y apoyar los medios de subsistencia y el gobierno (federal y estatal) deben de reforzar su respuesta proponiendo la creación de instrumentos de solidaridad con los más de 13 mil pescadores y acuicultores que tenemos en Yucatán, ayudando a los trabajadores a mantener sus ingresos y a las empresas, a mantenerse a flote. Por lo tanto, proponemos reorientar todos los fondos estructurales y disponibles dirigidos hacia la pesca en la respuesta al coronavirus.
El brote de coronavirus está poniendo a prueba a México de una forma impensable hasta hace pocas semanas. La profundidad y amplitud de esta crisis requieren una respuesta sin precedentes, en términos de escala, rapidez y solidaridad: No de restar ni poner en riesgo el futuro de una actividad productiva, que ya en sí estaba en grave riesgo.