Por Alejandro Calvillo
Las revelaciones de Lozoya muestran más que una trama extraordinaria de corrupción, prácticas comunes y regulares en las administraciones anteriores y, especialmente, en la de Peña Nieto, a través de las cuales las corporaciones compraban los favores del Gobierno para dirigir las políticas a su pleno beneficio.
En cada sector de la economía, fuera la minería, la privatización del agua, las concesiones para construcción o las propias leyes, regulaciones y normatividades para estos sectores, las corporaciones las negociaban con los funcionarios.
Cuando preguntan desde los medios internacionales cómo los mexicanos llegamos a ser los mayores consumidores de comida chatarra y bebidas azucaradas en la región, cómo llegamos a tener más de 200 mil muertes anuales por el cambio en nuestra dieta, de cómo dejamos de comer nuestra gran diversidad de frutas y vegetales, para saturarnos de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, por qué nos convertimos en los mayores consumidores de bebidas azucaradas con 40 mil muertes al año asociadas a su consumo, por qué nunca salió la comida chatarra de las escuelas, una respuesta que explica gran parte de este proceso es la corrupción. Y de esta pandemia previa al coronavirus SARS-CoV-2, nadie habló, nadie la contabilizó, muy pocos se escandalizaron.
Cuánto dinero o cuántos favores se pudieron estar otorgando a los funcionarios que se pusieron del lado de las grandes corporaciones para evitar que saliera la comida chatarra de las escuelas, un negocio multimillonario para estas empresas, cuánto para que no se regulara la publicidad que dirigen a los niños de alimentos y bebidas que no son saludables, cuánto para que el etiquetado frontal en estos productos fuera el que las mismas corporaciones habían diseñado sabiendo que no era entendible y que tenía un criterio de azúcar que representaba un riesgo a la salud.
Cuánto para que el Gobierno de México no sólo desoyera las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para bajar el consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas en el país con uno de los mayores índices de obesidad, diabetes y muertes por diabetes, sino que, incluso, combatiera estas políticas para evitar que se establecieran en otras naciones. Cuánto por estar al frente en la Organización Mundial de Comercio para atacar a los países que sí se estaban comprometiendo en proteger la salud de sus poblaciones a través de etiquetados de advertencia en estos productos y de regular su publicidad dirigida a la infancia. Y el Gobierno mexicano no sólo actuó en contubernio con las corporaciones de la chatarra y las bebidas azucaradas para combatir políticas que les podrían afectar en otros países, también lo hizo para defender a la corporaciones del tabaco para evitar regulaciones que afectaran sus ganancias en otros territorios.
Estos favores que el Gobierno mexicano prestó una y otra vez a las grandes corporaciones que son las principales responsables de las enfermedades crónicas no transmisibles y que hoy son caldo de cultivo para la COVID-19, tienen un valor enorme, un valor multimillonario que se podría calcular comparando con las ganancias que cada una de estas intervenciones protegía.
Como lo hemos mencionado anteriormente, una de las referencias específicas del valor que le pueden dar las grandes corporaciones de alimentos y bebidas ultraprocesadas, por ejemplo, a evitar un etiquetado de advertencia en sus productos, es el estimado que invirtieron en Europa para evitar que se estableciera en esa región. El Observatorio Europeo de Corporaciones siguió el proceso que se desarrolló en el Parlamento Europeo para evitar que se estableciera en esa región un etiquetado de advertencia en estos productos. El Observatorio estimó que las corporaciones invirtieron mil millones de euros para evitar el etiquetado de advertencia y que se estableciera el que ellas promovían, igual al que se estableció en México por la Cofepris y la Secretaría de Salud del peñismo.
El primer país del mundo en establecer un etiquetado de advertencia fue Ecuador, un tipo de etiquetado llamado de semáforo, por utilizar los colores rojo, amarillo y verde para indicar la presencia baja, media o alta de nutrimentos críticos como el azúcar, el sodio y las grasas, además de las calorías.
Carina Vance, la entonces Ministra de Salud de Ecuador, en un reciente seminario de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, expresó la gran consternación que le provocó que al mismo tiempo que en el 2014 la Secretaría de Salud de México entró en contacto con ella. Interesada conocer este etiquetado y su implementación, el mismo Gobierno mexicano dirigía un comunicado a la Organización Mundial de Comercio para oponerse a ese etiquetado argumentando que era una barrera al comercio, siguiendo los mismos argumentos que la industria de alimentos y bebidas y de los Estados Unidos.
No sería la única ocasión, El 6 de marzo del 2018, tres meses después de que el director general de la OMS felicitara a Perú por su Ley que incluía como medida regulatoria central el etiquetado de advertencia, el Gobierno mexicano presenta una vez más, ante el Comité de Barreras Técnicas al Comercio de la Organización Mundial de Comercio, su postura crítica contra el etiquetado peruano y nuevamente contra el etiquetado ecuatoriano. Resulta muy clarificador notar que estas intervenciones se dieron con los mismos argumentos de la industria y antecediendo siempre las intervenciones en el mismo sentido por parte del Gobierno estadounidense.
En esos días se dio a conocer un anexo confidencial al T-MEC en que se establecía la prohibición de etiquetados de advertencia para los Estados Unidos, Canadá y México. Todo indicaba que la propuesta presentada, firmada por el representante de los Estados Unidos, había sido promovida por ConMéxico. El anexo fue dado a conocer por el New York Times y generó una fuerte reacción en México que llevó a la publicación de un desplegado en contra, al cual se sumaron directores de institutos nacionales de salud, además de una larga lista de académicos y organizaciones sociales. La Secretaría de Economía negó la existencia de este anexo y el exsecretario de Salud, José Narro Robles, les comentaría a directores de institutos nacionales de salud que habían firmado ese desplegado, que los habían engañado, que ese anexo no existía. Días después, ante el Congreso de los Estados Unidos, el representante comercial de ese país reconoció la existencia de ese anexo, al mismo tiempo que el representante canadiense se pronunciaba públicamente en su contra.
Todo mostraba que la política de la Secretaría de Economía, seguida por la Secretaría de Salud, estaba dictada por las empresas, especialmente por Jaime Zabludovsky que estaba al frente de ConMéxico, agrupación empresarial encargada de bloquear todas las regulaciones, y quien había sido Subsecretario de Economía en la administración de Salinas de Gortari. Desde ConMéxico se dictaba la política internacional de la Secretaría de Economía. ConMéxico había liderado la creación de la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas que en Quito, Ecuador, ya se había pronunciado en contra del etiquetado frontal ecuatoriano, contra el chileno, contra el impuesto a las bebidas en México, e incluso, contra las recomendaciones de la OMS sobre máximo de ingesta de azúcar diaria recomendada.
El servicio del Gobierno mexicano a las grandes corporaciones de los llamados determinantes comerciales de la enfermedad (chatarra, bebidas azucaradas, tabaco y alcohol) y a las naciones que las protegen y promueven, era ya una tradición. No sólo se actuó para proteger a las grandes corporaciones de alimentos y bebidas ultraprocesados en la política exterior, haciendo alianza con ellas para intentar bloquear legislaciones en otros países que afectaran sus intereses, también se hizo con la industria tabacalera. Y todas estas acciones estaban en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Mientras la OMS felicitaba a los gobiernos por estas políticas, el Gobierno mexicano las combatía en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Fue el caso del etiquetado de advertencia en Perú, a unos días de que el Presidente peruano recibiera las felicitaciones del director de la OMS por la ley que establecía el etiquetado de advertencia, el Gobierno mexicano se manifestaba en su contra en la OMC.
En junio del 2011, un comunicado fue enviado por el Gobierno mexicano al australiano en referencia a la regulación que establecía para las cajetillas de cigarro que no permitía ya usar imágenes y logos de marcas y el 80 por ciento de la cajetilla tenía que portar imágenes de advertencia, una recomendación realizada por la OMS para bajar el tabaquismo. El comunicado oficial establecía: “El Gobierno de México agradecería si Australia pudiera compartir la información científica en la que basó sus conclusiones […] en vista de que México hasta la fecha no tiene evidencia científica ni técnica de las influencias del embalaje en el comportamiento del consumidor. Por lo tanto, la imposición de este nuevo reglamento técnico restringiría el comercio…”. La postura enviada por la Secretaría de Economía coincidió con las de la industria tabacalera, negando toda la evidencia y estaba en total contradicción de las felicitaciones que la OMS había realizado al Gobierno australiano.
El combate que el Gobierno mexicano realizaba en alianza con las corporaciones de la chatarra, refresqueras y tabacaleras contra las recomendaciones de la OMS, iban en contra de medidas de protección de la salud dirigidas a reducir la morbilidad y mortalidad asociadas a las consecuencias del consumo de estos productos.
¿Cuánto valor tenían estas acciones en el mercado de la corrupción?, ¿cuánta enfermedad y muerte se pueden asociar a estos actos de corrupción? Tan sólo un ejemplo, en Chile con el etiquetado frontal de advertencia bajó el consumo de bebidas azucaradas en más de un 20 por ciento y en México su consumo se asocia a más de 40 mil muertes anuales, cuántas enfermedad y muerte se asocia a la falta de etiquetados claros, a la falta de regulación de la publicidad de estos productos a los niños, a su presencia en escuelas, a su invasión en todo el territorio nacional ya la falta de promoción de la alimentación saludable.
Y cuando hablamos de corrupción hablamos no sólo del acto de entrega de dinero, hablamos de intercambio de favores que en los políticos significa alianzas que hoy en día vemos entre las personas y cabilderos que representan a estas corporaciones que han perdido su injerencia en el Gobierno y un grupo de políticos de oposición al que suman a académicos también bien identificados con estos intereses y otros despistados. Se les puede ver juntos, con el propósito de volver al poder. Unos poniendo sus estrategias políticas y otros su poder material.
(Sin Embargo.mx)