Por Adela Navarro Bello
Realmente son pocos quienes se sorprenden por la medio evidenciada corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto y el Poder Legislativo de su tiempo. El video filtrado, mismo que supuestamente fue entregado por Emilio Lozoya Austin cuando presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, señalando al expresidente priísta y a quien fue su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, como los orquestadores de los sobornos, poco aporta para el acto procesal de los hechos, pero muchísimo para la campaña mediática electoral que está a punto de arrancar (el 20 de septiembre del 2020) para las elecciones intermedias del 2021.
En videos de actos de corrupción tanto ha sido exhibida la izquierda –es difícil olvidar aquel donde se veía a René Bejarano, entonces y ahora persona de confianza del Presidente Andrés Manuel López Obrador, recibir fajos de billetes y llevárselos con todo y ligas y bolsas– como ahora la derecha, en la persona de Rafael Caraveo, panista quien era el Secretario Técnico del Senado de la República y respondía al también Jorge Luis Lavalle Mauri, de la Comisión de Administración del Senado en el sexenio pasado.
Llama la atención la normalización de la corrupción en México. Así como se vio de despreocupado a Bejarano se observa a Caraveo. Como si recibir el efectivo fuese algo de lo más común, que se habitúa en la clase gobernante, algo a lo que estaban obligados los interlocutores porque quienes reciben la suma encabezaban en su momento el poder. Eso sí, a los dos se les ve pendientes de la suma de los billetes, de la estricta entrega y satisfechos de llevarse consigo el dinero de desconocida procedencia.
El moche, el soborno, lo toman, es evidente, como algo normal, como un trámite más en el juego de poderes en México, parte de un sistema corrupto donde la dádiva económica a cambio de un “favor” es ya una prebenda más que llega cuando logran una posición en el aparato de Gobierno, y es evidente, en el legislativo, una remuneración más por levantar la mano, firmar un documento. Es así de claro: quien quiere algo de la institución gubernamental debe pagar por ello un permiso, una anuencia, una cita, y en este caso, una reforma.
Lo que también llama la atención en el nuevo espectáculo mediático de la corrupción en la política mexicana, es que a pesar de la experiencia ajena, siguen cayendo en el cuatro de la entrega del efectivo para usos inciertos, pero que se presumen originados en la corrupción. Ni a Bejarano en su momento ni a Caraveo en el suyo, parecía preocuparles que los estuvieran grabando, cuando esa acción tiene una alta probabilidad de suceder en casos como los referidos, es evidente que se sientan tan dueños del poder que se creen impunes hasta que aparece el video. Eso le sucede seguido a la clase política mexicana en cualquier orden de Gobierno, administran como si fuesen a perpetuarse en el poder, sin considerar siquiera que en el futuro la ciudadanía, como ahora o como en el 2012, votan por la alternancia partidista.
Y esa es la otra. Las grabaciones no saldrán a la luz mientras alguien no tenga un interés supremo para darlas a conocer. Ambas filmaciones estuvieron en poder de alguien hasta que se decidió que era oportuno liberarlas a la opinión pública. La de Bejarano para afectar a Andrés Manuel López Obrador en el 2004, la de Caraveo para afectar al Partido Acción Nacional en el 2020. No que sean las víctimas, no hay que confundir el tratamiento procesal que se le debe dar a conductas ilícitas como las referidas, con el hecho que esos actos son parte de una campaña política pública para “golpear” a una persona o a un partido de manera oportuna, de otra forma: ¿Por qué los videos no fueron liberados días después de ser video grabados? Porque era el seguro de alguien, o la prenda de otro, o el garrote mediático de uno más.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, iniciado en el 2012, los panistas no eran la única oposición en el Poder Legislativo, de igual forma se corrompía a extraños que a propios. A propósito una plática con el hoy Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, quien fue legislador federal del 2012 al 2015, sobre cómo desde el Partido Verde Ecologista de México se tiraban cañonazos de entre los dos y los 4 millones de pesos por Diputado, para que aprobaran la Reforma Energética, la misma que dicen Emilio Lozoya ayudó a fraguar desde la clandestinidad del soborno.
Por entonces en la Cámara de Diputados también despachaba Jorge Emilio González Martínez “El Niño Verde”, entonces partido aliado al PRI, hoy incondicional de Morena.
El mismo Bonilla se quejaba aquella vez que algunos de su partido, el PT ya acompañando a Andrés Manuel López Obrador en su lucha político electoral, habían cedido ante el soborno incluso en otras de las llamadas “reformas estructurales” de Peña Nieto. Reiteró Bonilla que ese no había sido su caso. Había rechazado el soborno y votado contra la Reforma Energética y otras.
Y efectivamente, aquella reforma fue aprobada en la Cámara Baja por 345 votos a favor, mayormente del PRI, del PAN, del Verde Ecologista y de Nueva Alianza, y rechazada por representantes del PRD, del MC y del PT. Entonces que ahora “evidencien” que los únicos sobornados fueron los panistas, está de no creerse, no porque sean inocentes, sino porque seguramente no fueron los únicos en aceptar el dinero en fajos.
En el video se advierte que esa entrega de billetes asciende a los 19 millones de pesos, que ya hubo otra por cantidad similar y que vendrán más para el mismo propósito. ¿Tales cantidades se las embolsaron entre seis personas? Seguramente no, pero es lo que en estos momentos conviene que se tenga en el imaginario colectivo, el propio Presidente de la República ha insistido en dar a conocer el video, fue él quien propuso que se hiciera público, y aun así se quejó. Resulta que para él, en esta era mediática digital de redes sociales, cuando existe una mayor exposición a productos como el video de los sobornos elaboró López Obrador. “Se ha difundido el video, pero no mucho, porque los medios no le están dado la importancia que tiene, no es el video de Bejarano, ese se difundió a nivel nacional e internacional y éste veo que apenas en redes sociales”. Es evidente que lo que busca el Presidente, por sus palabras, es igual o más exposición para el “nuevo” acto de corrupción video grabado.
Y así será el caso Lozoya en lo sucesivo, mucho ruido y pocas nueces. La normalización de la corrupción en la clase política mexicana, el poco compromiso de la Fiscalía General de la República para investigar científicamente, con profesionalismo y seriedad los actos de corrupción, y el afán del Presidente de exhibir a quienes exhibieron a los suyos en el pasado, todo a semanas de que inicie el proceso electoral del 2021, serán tema los próximos meses.
Morena podría, más allá de las “bombas mediáticas”, ser el partido que enjuicie a un expresidente, pero quién sabe, a lo mejor en estos momentos se están grabando los videos o las llamadas telefónicas que veremos o escucharemos en la campaña del 2024, porque en México, la corrupción es cosa de cada sexenio. Cambian las personas, no la imposición por bloques en el Poder Legislativo, y ni el cariz presidencialista en el Ejecutivo, sea el partido que sea. Ahí están para muestra de Morena los actos de corrupción señalados en Baja California por parte de funcionarios de la administración de Jaime Bonilla, que exigieron, de acuerdo a testigos, millones de pesos a empresarios a cambio de contratos en el Gobierno, actos que también se supone son investigados en la Fiscalía General del Estado. La corrupción no tiene partido de preferencia.
(Sin Embargo.mx)