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Opinión

Justicia a la carta

Por Zheger Hay Harb

La detención preventiva domiciliaria del ex presidente Álvaro Uribe ha desatado por parte de él, de su partido de extrema derecha e, increíblemente, del presidente de la República, un ataque feroz a la Corte Suprema de Justicia que dictó la medida.

Desde luego Uribe, como cualquier persona en un proceso judicial, tiene todo el derecho a utilizar los recursos que la justicia pone a su disposición. Igual derecho tienen sus partidarios, que han interpuesto aproximadamente 500 acciones de tutela pidiendo su libertad. Como la mayoría de ellas demandan exactamente lo mismo, podría decirse que congestionan inútilmente los despachos judiciales que deben concentrarse en su respuesta puesto que por invocar derechos fundamentales tienen un término perentorio. Pero están dentro de los derechos que el orden jurídico ofrece a todo ciudadano.

Otro recurso válido para el ex presidente es la renuncia a su curul en el senado para buscar que su proceso pase de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía esperando la benevolencia del fiscal general que ha mostrado una deriva muy parcial hacia todo lo que tenga que ver con el presidente y los intereses del gobierno.

A lo que sí no tienen derecho Uribe y sus seguidores, es a amenazar a la Corte Suprema y llamar a desobedecer sus fallos.

Uribe, detenido domiciliariamente en un latifundio de más de 1.500 hectáreas, una vez conocido el fallo dijo que estaba “secuestrado” y lanzó el siguiente trino: “Hoy fui reseñado como preso #1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por Farc, su nueva generación y sus aliados. Sin pruebas, solo inferencias. Me interceptaron ilegalmente. Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo. Pido transparencia”.

Por si fuera poco, Iván Duque se olvidó de su función como presidente de la República y salió a decir casi lacrimoso que confía en la inocencia de Uribe, que debe dársele la oportunidad de defenderse en libertad, desconociendo que él es la cabeza del poder ejecutivo y que tiene la obligación constitucional de no inmiscuirse en las competencias de la rama judicial del poder público, la única que tiene la potestad de definir si una persona acusada es inocente o no.

El partido de gobierno que es el del ex presidente tiene todo el derecho a hacer el debate político que desee pero no a tirar por la borda una Constitución garantista como la que tenemos y tratar de arrasar con todo con tal de sacar a su caudillo, preocupados porque entre sus huestes no hay nadie con capacidad para liderar la defensa de su líder y conservar el poder en las próximas elecciones.

Proponer una Asamblea Constituyente para beneficiar a una persona no tiene la más mínima presentación en democracia; buscar una reforma a la justicia con el propósito de eliminar la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura para crear una sola Corte a su acomodo aprovechando que el presidente es de su partido es el equivalente a un auto golpe de estado, para moldear el país a su acomodo.

El ex presidente Uribe y sus huestes han amenazado a la Corte; ahora, como su decisión no les conviene, la califican de vendida, pero cuando en fallo reciente aceptó la solicitud del más Uribista de todos, el conocido Uribito, sí les pareció ecuánime e imparcial. Si Uribe no creía en la independencia de la Corte ¿por qué acudió ante ella para denunciar al senador Iván Cepeda por manipulación de testigos luego de que éste le hiciera un debate de control político en el Senado en el cual lo acusó de paramilitarismo, de haber creado junto con su hermano Santiago el llamado Clan de los doce apóstoles, germen de grupos paramilitares y múltiples asesinatos?

Hay que recordar que este proceso que ahora lo tiene en detención domiciliaria fue iniciado por él y que en el curso de las investigaciones la Corte decidió que el denunciante –Uribe- era el posible responsable de la manipulación de testigos de que acusaba a Cepeda.

Son tantas las garantías de que goza Uribe que la revista Semana, cada día más alejada de su antigua calidad periodística, destinó a dos columnistas radicalmente uribistas para que le hicieran una entrevista en su hacienda que fue realmente un auto reportaje en el que atacó a la Corte, a la izquierda y a todos sus contradictores. Si la medida de detención busca precisamente impedirle manipular el proceso ¿cómo puede aceptarse semejante trato que ningún otro reo recibe en el país?

No se vale, en un país democrático, que la justicia sólo se acate si nos favorece. No pueden aceptarse los intentos de tirar por la borda hasta nuestra independencia con tal de sacar libre a Uribe en un proceso en el que cuenta con una batería de abogados defensores que actúan con total libertad. Han buscado el apoyo de la OEA, de la Unión Parlamentaria y, muy grave pero además abyecto, el presidente Duque dio a conocer e intentó hacer viral una declaración del vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence en el que, en gesto inusual incluso para la atropelladora diplomacia de Trump, lamenta que el expresidente esté detenido, pide que sea puesto en libertad y asegura que, para Estados Unidos Uribe es un héroe. El senador demócrata Patrick Leahy debió aclarar que Estados Unidos espera un juicio justo. 

Ante semejantes atropellos tenemos la obligación, todos los colombianos, pero especialmente las instituciones y servidores públicos, de defender al independencia de la justicia y exigir garantías de protección a los magistrados de la Corte Suprema.

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