Una cosa parece clara: en el tema de los videoescándalos la acción del Gobierno obradorista provocó una reacción de quienes se sienten afectados con el manejo del caso Lozoya que, rompe si lo hubo, con cualquier pacto en la transición desde el Gobierno peñista.
Nada más, que si lo medimos en términos del daño que ocasiona de los videoescándalos basta comparar el efecto de un misil y el de una pistola calibre 22.
No hay comparación.
Claro, se podrá decir que hay corruptos de uno y otro lado, y que la ley debe ser pareja sin distingos de ningún tipo.
Correcto.
Sin embargo, estamos ante dos tipos delitos que a la vista de todos tendrían distintas consecuencias y penalidades, uno podría configurar un delito electoral por financiamiento ilegal a un partido político, independientemente que haya o no ganado esas elecciones locales; en cambio, los otros videos podrían configurar delitos de alta gravedad porque impactaron sobre las decisiones del Poder Legislativo y políticas públicas, y eso significaría simple y llana traición a la patria.
O sea, está mucho en juego, y ello es una oportunidad de oro del Gobierno de López Obrador para ratificar su lucha contra la corrupción en la esfera pública.
Podríamos, incluso, decir que la tiene fácil y así parece entenderlo en su primera declaración pública en el sentido de que su hermano Pío y David León deben presentarse a declarar ante la FGR, y al menos León ha dicho que lo hará incluso sin necesidad de ser citado oficialmente, lo cual es una primera derrota de sus adversarios que esperarían ante la evidencia se les brindara protección para evitar ser llamados a declarar sobre los hechos ocurridos en 2015.
Aquellos esperaban, seguramente, que ese video donde se entregan sobres presuntamente con dinero ablandaría al Presidente y daría un paso atrás en su lucha contra la corrupción. Se trataba de su hermano Pío, quien cayó en el cuatro que le tendieron Manuel Velazco Coello, el entonces Gobernador de Chiapas, y su instrumento David León, como parte del arsenal de la guerra sucia que preparaba Osorio Chong en caso de que resultara candidato del PRI a la Presidencia de la República.
Pero, siguiendo la lógica política, de un paso atrás, dos pasos adelante, López Obrador refrendó su decisión de continuar la lucha contra la corrupción.
Que, además, la necesita como nunca, con una estrategia fallida ante la pandemia de la COVID-19 y una economía donde los pronósticos más optimistas indican que este año caerá al menos el 10 por ciento –el segundo trimestre, según Inegi tuvo un retroceso de 18.7 por ciento respecto del mismo periodo del año pasado y eso debilita la imagen del Gobierno.
Así que no puede renunciar, no sólo por razones de banderas de gobierno, sino para garantizar la estabilidad y credibilidad al principal pilar de su política interna: la lucha contra la corrupción en la función pública.
Así, la idea del video chiapaneco que busca instalar la idea de que “todos los políticos son iguales” para como sucedió en los años del “corralito” argentino, provoque el desencanto y al unísono una franja importante de los mexicanos digamos: “Que se vayan todos”.
Y en esta fase vale la máxima de que “justicia que no es pronta y expedita, no es justicia” y sea un imperativo urgente en estas circunstancias para salir del círculo mediático y poner a trabajar las instituciones de justicia, citando a declarar ante el ministerio público a quienes están en estos videos para que formalmente estén como indiciados.
Seguir en el camino fangoso de los videoescándalos lleva a la espectacularización de la política y eso no lleva a nada bueno, se debilitan los expedientes judiciales, y deja una sensación de impunidad entre quienes han visto una oportunidad única y que quizá nunca se repita, poner a políticos corruptos en el banquillo de los acusados.
El siempre oportuno Porfirio Muñoz Ledo se ha referido a Carlos Salinas de Gortari y conmina al Presidente a que proceda contra quien se le llamó y llama “jefe de la mafia del poder”, el personaje de los hilos tras bambalinas durante varios gobiernos, y que aparece en todos los grandes expedientes abiertos, lo que obliga a cumplir la palabra empeñada a lo largo de los últimos veinte años so riesgo de que, si no lo hace, se debilitaría todo el discurso contra la corrupción.
Entonces, es momento de pasar a los hechos, sentar en el banquillo de los acusados progresivamente a los que están apareciendo en los videos hasta llegar a Carlos Salinas, Enrique Peña, Felipe Calderón Vicente Fox, Ricardo Anaya, José Antonio Meade… esa prontitud de la justicia pondría en otro nivel el tema de los videoescándalos, es más, la espectacularización daría a paso a otra cultura más acorde con la aplicación justa y expedita de la ley.
Y es que la fuerza de la Presidencia de la República radica no en estar metida en este tipo de escándalos, sino en utilizar la ley para responder a las expectativas de justicia que tienen decenas de millones de mexicanos (véanse los resultados de la encuesta reciente de El Universal sobre si deben ser juzgados los expresidentes, y es clamor general).
En definitiva, lo que hoy se libra en la opinión no es que lleguemos al fastidio y en la desesperación colectiva coincidamos en que “todos los políticos son iguales” y que por tanto, “que se vayan todos”, llegar a esa conclusión sería no sólo la derrota del gobierno obradorista, sino que todos perderíamos algo, la esperanza de que tuvimos un gobernante que pudo hacer las cosas diferentes pero, al final, se impusieron los intereses creados y se reconoció que la corrupción es parte de nuestro ADN y que ya nos deberíamos haber dado cuenta, que no podemos dejar de vivir con ella.
¡Al tiempo!
(Sin Embargo.mx)
Por Ernesto Hernández Norzagaray