Por Alfredo García:
La Corte Suprema de Colombia ordenó el pasado martes, la “detención preventiva” del expresidente, Álvaro Uribe Vélez. No se le acusa por su genuflexo apoyo al presidente, George W. Bush, en la engañosa invasión y ocupación de Irak, ni por la concesión de la soberanía colombiana a tropas de EEUU en varias bases militares del territorio colombiano para impulsar la guerra de baja intensidad contra la insurgencia.
Tampoco se le acusa de haber fundado el Bloque Metro, grupo paramilitar que dejó miles de víctimas o su complicidad en las masacres de la población civil de El Aro, La granja y San Roque, cometidas por los paramilitares cuando era gobernador en Antioquía, ni por el pago de prebendas para que el Congreso avalara su reelección presidencial o las intercepciones telefónicas y seguimientos ilegales ordenados contra magistrados y líderes políticos durante su gobierno entre 2002 y 2010. Y mucho menos por haber jugado el forzado papel de “policía malo” para hacer fracasar los acuerdos de paz con las FARC-EP logrado por el “policía bueno” y aventajado discípulo, Juan Manuel Santos.
El alto tribunal acusa a Uribe de presuntamente “sobornar a testigos” en una demanda establecida por el senador socialista, Iván Cepeda, que en 2014 denunció al exmandatario en el Congreso de tener nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes. Para apoyar sus acusaciones, Cepeda presentó varios testimonios de exparamilitares, que posteriormente se retractaron.
La investigación trata de determinar si personas vinculadas a Uribe, como sus abogados y con su consentimiento, pagaron dinero y ofrecieron beneficios judiciales a los testigos para desdecirse. La denuncia original de un testigo exparamilitar, asegura que en una antigua propiedad de la familia Uribe, en Antioquia, se crearon los grupos paramilitares del Bloque Metro y Los 12 Apóstoles, coordinando posteriormente sus operaciones criminales con las autoridades.
La decisión que ha conmocionado tanto al gobierno como a la sociedad colombiana, se produjo en medio de múltiples pronunciamientos a favor y en contra para presionar a la alta instancia de justicia, provocando un enérgico llamando al respeto hacia la rama judicial y su independencia: “Las providencias judiciales tienen instancias legales para ser controvertidas. De ahí que sean inaceptables descalificaciones a decisiones judiciales por adoptar y sin que aún se conozca su contenido, sentido o alcance”, reza un comunicado de las altas cortes.
Actualmente existen 60 investigaciones abiertas en Colombia contra Uribe, que van desde homicidios y violación de derechos humanos, hasta compra de votos. En la Corte Suprema se encuentran 14 expedientes y otros 45 en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representante. Sin embargo, la “evidencia” por la que puede ser enjuiciado, aparece donde menos lo esperaba.